Las sospechas sobre el rey Juan Carlos I y su patrimonio quedaron plasmadas en un escrito de la Fiscalía del Tribunal Supremo del pasado 24 de febrero. Don Juan Carlos habría podido cobrar «comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales». Estas son las conclusiones del Ministerio Público en la comisión rogatoria remitida a las autoridades suizas para pedir información sobre los movimientos bancarios de la Fundación Zagatka, administrada por un primo lejano de este, que pagó servicios al anterior jefe del Estado, según informa El Mundo. 

La Fiscalía General del Estado (FGE) está a la espera de recibir información de Suiza para confirmar o descartar presuntos delitos del rey emérito. Mientras el PSOE señaló que la investigación al monarca demuestra que cualquier ciudadano es igual ante la ley, Podemos espera que la nueva información lleve a Juan Carlos I al «banquillo de los acusados».

Los investigadores consideraban en febrero que disponían de «elementos indiciarios de que los fondos que son objeto de la investigación» tienen, entre otras, la referida procedencia ilícita. Por ello, advierte de la posible comisión de al menos cuatro delitos: blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, cohecho y tráfico de influencias.

El escrito remitido a Suiza por el teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campo, fue enviado el pasado 24 de febrero, es decir, dos días antes de que el abogado de don Juan Carlos hiciera público que su cliente había regularizado ante la Agencia Tributaria 4,4 millones de los gastos de Zagatka, precisamente. Para ello, aseguraba Javier Sánchez-Junco, se hizo «sin requerimiento previo» de Hacienda ni hubo aviso anterior de los indicios delictivos que ya entonces acumulaba la Fiscalía contra el rey emérito, como quedó plasmado en el citado escrito.  

Esta ausencia de información al investigado es capital para poder regularizar y evitar la querella de la Fiscalía ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. No obstante, Hacienda examina ahora la veracidad de estos pagos por los importes tributarios no declarados en España. Un cometido que están llevando a cabo los peritos de la Agencia Tributaria asignados a los investigadores del Supremo, el tribunal ante el que está aforado el anterior monarca tras perder la inviolabilidad.

La defensa del emérito

La defensa del rey Juan Carlos ha denunciado este viernes que las imputaciones contenidas en la comunicación de la Fiscalía a las autoridades suizas y en las que se aprecian «indicios de criminalidad» contra el rey emérito se realizan «sin apoyatura alguna y son carentes de la más mínima justificación».

En un comunicado, el abogado Javier Sánchez-Junco afirma que tales afirmaciones «conculcan de manera evidente el principio de presunción de inocencia que ampara a todo ciudadano», ya que se traslada a la opinión pública «valoraciones y consideraciones que perjudican gravemente» al anterior jefe del Estado.

«En esa comunicación a las autoridades suizas se contienen graves afirmaciones e imputaciones de conductas que se realizan, a nuestro juicio, estando contradichas por otros hechos de los que nada se dice», denuncia.

Subraya el abogado que dicha solicitud de asistencia judicial no es pública, por lo que, salvo las autoridades destinatarias de la misma, únicamente debería estar en conocimiento de la Fiscalía, «cuyas actuaciones son reservadas», sin que le conste al abogado que hayan sido comunicadas a parte alguna del procedimiento.

La defensa del rey emérito recuerda, además, que dichas informaciones se refieren, al parecer, a una solicitud de asistencia judicial internacional en materia penal remitida a las autoridades suizas hace casi siete meses por el fiscal instructor de las diligencias de investigación que se siguen en la Fiscalía del Tribunal Supremo

Una salida sin retorno

Cuando Juan Carlos I abandonó España en agosto del 2020 por la aparición de informaciones que le atribuían una fortuna no declarada y de origen incierto, el rey emérito cumplió con la maldición de los Borbones: paladear la amargura de la expatriación forzada. Lo que iba a ser una estancia temporal en Abu Dabi hasta que amainara la tormenta se ha ido alargando y, con ello, haciéndose cada vez más difícil el retorno. Aunque la marcha del monarca puso distancias entre él y la Corona, no evitó nuevas informaciones en torno a sus finanzas.

Las dos regularizaciones fiscales presentadas en su nombre -una, para satisfacer los impuestos por el uso de tarjetas opacas que alcanzó los 678.000 euros, y otra, por 4,4 millones, correspondientes a pagos en especie no declarados-, lejos de calmar las cosas, han revelado una conducta nada ejemplar que solo ha aumentado la presión política y mediática sobre su hijo Felipe VI, en el punto de mira de Unidas Podemos y del resto de formaciones republicanas.

Las regularizaciones han dado pie a nuevas investigaciones para cerrar los expedientes y evitar un proceso judicial, pero hasta que la Fiscalía resuelva sus pesquisas y se descarten responsabilidades penales no parece probable que el anterior jefe del Estado pueda regresar. Lo haría, pasase lo que pasase, si es requerido por los tribunales, como ha dejado claro su abogado Javier Sánchez-Junco. El Gobierno insiste en que, por ahora, no tiene ninguna causa de la que responder ante la justicia, por lo que el emérito puede «volver cuando necesite o quiera».

Cuentan sus íntimos que su ánimo es bueno, pese a la dificultad de las circunstancias y sus problemas de movilidad. En Abu Dabi, donde vive de la generosidad de los jeques, le acompañan a tiempo completo sus escoltas, cuatro, que se turnan para servirle, y sus ayudas de cámara, tres, que también van rotando su estancia en el país árabe. Allí recibe la visita diaria de sus fisioterapeutas que vigilan de cerca su salud, resentida a sus 83 años por las secuelas de una larga lista de enfermedades que le han obligado a pasar hasta en 17 ocasiones por quirófano. Aunque está en permanente contacto con su círculo más íntimo, para apaciguar su soledad, las infantas Elena y Cristina han aumentado la frecuencia de sus visitas. Ellas, junto con su médico personal, el doctor Manuel Sánchez, se han convertido en sus principales baluartes al cumplirse un año lejos de casa.

Celo de la Fiscalía

En este tiempo el teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campo, ha examinado las regularizaciones realizadas por el investigado por un montante superior a los cinco millones de euros. Es decir, si han sido «espontáneas, veraces y completas». De momento, el grupo formado por fiscales y peritos de la Agencia Tributaria lleva tres meses inspeccionando los pagos. La imagen del Ministerio Fiscal también está en juego.

En concreto, don Juan Carlos realizó a finales de febrero un pago de 4,4 millones tras abonar, de forma previa, 678.393 euros en diciembre. Esta liquidación se llevó a cabo por los pagos para gastos personales (viajes, estancias hoteleras, etc.) abonados por la Fundación Zagatka, propiedad de su primo lejano Álvaro de Orleans. En la primera regularización, en cambio, se incluyeron intereses y recargos por el uso de tarjetas de crédito por parte de familiares del rey emérito para gastos propios.

Reacción del PSOE

El portavoz adjunto del PSOE en el Congreso de los Diputados, Felipe Sicilia, ha señalado este viernes que la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía al Rey Don Juan Carlos por el cobro de comisiones internacionales demuestra que cualquier ciudadano es igual ante la ley y, por tanto, puede ser sometido a que se realice una indagación judicial.

«Desde el PSOE mostramos nuestro respeto a las investigaciones judiciales que se realicen y por tanto, dejar que la justicia trabaje. Esto lo que demuestra que nuestro país cualquier ciudadano es igual ante la ley y por tanto, esta sometido a que se realice cualquier investigación judicial», ha trasladado en una entrevista en Radio Nacional.

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