El Plan de recuperación, transformación y resiliencia de España es el más «ambicioso y trascendental de la reciente historia de España. La mayor oportunidad desde su entrada en la Unión Europea hace 37 años», aseguró este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras presentar nuevos detalles de cómo se articulará el plan de inversión y reformas de España hasta el 2026, indispensable para desembolsar los 140.000 millones de euros que la UE le ha reservado en préstamos y subvenciones para modernizar su economía. 

Serán 102 reformas y 110 inversiones las que afrontará el país. Un desafío solo comparable a la modernización que tuvo que asimilar el tejido productivo para entrar en la UE. Por delante queda un trabajo descomunal. No solo para recuperar el PIB perdido durante la pandemia (10,8 %), también para asentar las bases del crecimiento futuro sobre cuatro ejes de transformación: la ecológica, digital, la cohesión social y territorial demás de la igualdad de género. El 10,5 % de los fondos que reciba España del Next Generation EU, se destinarán a educación y formación. El 29 % de las inversiones a la transformación digital y el grueso, el 39 % del sobre, para los proyectos ligados a la transformación ecológica. Aunque todavía no se conoce la letra pequeña del plan, que será presentado mañana en el Congreso de los diputados antes de ser enviado definitivamente a Bruselas antes de que expire la fecha límite (30 de abril). La Comisión Europea deberá conceder su aval antes de autorizar las inversiones, y todavía hay fricciones en torno a la ambición de las reformas que exige a España desde hace años en materia laboral, fiscal y de pensiones. 

Diez ejes

Hasta 49.710 millones de euros se movilizarán en los próximos tres años para alimentar 10 ejes de transformación. La estrategia de movilidad sostenible, segura y conectada -para electrificar vías públicas, crear puntos de recarga y extender el uso del vehículo eléctrico-, absorberá 13.200 millones de euros. La rehabilitación de viviendas y regeneración urbana -despliegue de paneles solares y convertir en eficientes las viviendas- recibirán 6.820 millones. Uno de los graves problemas que tiene el país es la obsolescencia de sus Administraciones. Por eso otra línea de 4.315 millones se inyectará en proyectos para la modernización de las Administraciones públicas, también en medidas para limitar la temporalidad en este sector. Sánchez calificó los planes como una «auténtica revolución en las Administraciones Públicas y en la relación con los ciudadanos». El plan de digitalización de las pymes se llevará otros 4060 millones. La hoja de ruta del 5G se quedará con 4.000 millones. Hasta 3.780 millones de euros se destinarán a la nueva política industrial de España, enfocada a la estrategia de la economía circular. Unos 3.590 millones de euros tendrán como destino el Plan Nacional de Competencias Digitales para reciclar a pequeños empresarios, autónomos y gente adulta. El sector turístico, el más golpeado económicamente por la pandemia, tendrá una inyección de recursos públicos de 3.400 millones de euros en los próximos años. El sistema nacional de ciencia e innovación beberá de 3.380 millones y hasta 3.165 millones sufragarán el despliegue de energías renovables en el sector eléctrico. 

Impacto

Sánchez insistió en que esta movilización ingente de fondos tendrá un impacto inmediato en el PIB, del entorno del 2 % a partir de este mismo año, facilitando la creación de unos 800.000 puestos de trabajo. «El crecimiento potencial de la economía española podría situarse  por encima 2 % del PIB a partir del 2030», anticipó. «Hablamos del mayor esfuerzo de modernización que va a hacer España en los últimos 37 años, equiparable al esfuerzo de modernización de cuando entró en la UE. Compromete a todas las instituciones, a todos los agentes sociales y a la ciudadanía», deslizó.

Calendario

La gran duda que sobrevuela el plan es si las ayudas llegarán en tiempo y forma. España aún está dentro del plazo para enviar los planes a la Comisión, que tendrá dos meses para analizar la letra pequeña. Pero hay muchos países que todavía no han ratificado la decisión de recursos propios de los Presupuestos europeos, sin los que la Comisión no puede salir al mercado a financiar el fondo Next Generation EU. No solo eso. El Constitucional alemán paralizó su ratificación por las dudas trasladadas de algunos ciudadanos que no quieren que la Comisión emita deuda común.«Estamos en tiempo y forma [...] Somos de los más avanzados en la interlocución con la Comisión», defendió Sánchez, quien garantiza que los 27.000 millones de euros que prometió adelantar en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) estarán disponibles este mismo año pase lo que pase: «Con independencia de cuándo se produzca, España consignó en sus Presupuestos 27.000 millones de euros vinculados con el primer tramo de ayudas de Bruselas.Vamos a financiar hasta que lleguen los recursos. Con independencia de lo que tarde la Comisión en salir a los mercados financieros». 

Reformas 

El gran talón de Aquiles del Plan está en las reformas. Deberán pasar la criba de la Comisión, que en los últimos años ha visto la falta de voluntad de los diferentes Gobiernos para atajar los problemas estructurales de la economía española. Quizá porque todavía quedan cabos sueltos, Sánchez prefirió pasar de puntillas. Sobre la reforma fiscal, que anticipa subidas impositivas largamente demandadas por Bruselas, el líder del Ejecutivo aseguró que los primero será afianzar la recuperación y solo cuando se embride la economía, se abordarán los cambios que demanda la Comisión: «La reforma de la fiscalidad es un debate necesario. Hemos escuchado (al nada sospechoso de ser) rojo comunista peligroso Joe Biden hablando de que hay que elevar el tipo de sociedades global para acabar con dumping fiscal», manifestó antes de abogar por una mayor coherencia en la fiscalidad entre comunidades autónomas. 

En torno a la reforma de las pensiones, inaplazable para Bruselas, Sánchez se limitó a avalar el trabajo del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien ha propuesto penalizar a las altas rentas que se acojan a la jubilación anticipada 23 y 24 meses antes de la edad legal, además de incentivar a quienes decidan alargar su retirada del mercado laboral o quienes opten por un modelo de jubilación activa, compatibilizando prestaciones y trabajos parciales. «Queremos abordar la modernización del sistema, para garantizar su sostenibilidad y para que se garantice la dignidad de las jubilaciones de nuestros mayores», defendió Sánchez, antes de recordar que los autónomos pasarán a cotizar por sus ingresos reales.

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