El tribunal que juzgó la causa del «procés» en el Tribunal Supremo ha acordado revocar el tercer grado penitenciario concedido por el departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña a los 9 condenados por sedición, al considerar que se trata de una medida prematura. Igualmente ha anulado la aplicación a todos ellos de las medidas de semilibertad que disfrutaban en aplicación del artículo 100.2 del régimen penitenciario por no estar dirigidas a un proceso de reinserción.

Las medidas no llegaron a hacerse realidad para la mayor parte de los líderes independentistas, ya que quedaron en suspenso tras los respectivos recursos interpuestos por el Ministerio Público con excepción del 100.2 para Carme Forcadell y Dolors Bassa, que ahora dejarán de disfrutarlas, informa Europa Press.

Para el Supremo, es preciso que transcurra un período de tiempo mayor para evaluar adecuadamente la evolución del interno y el tratamiento penitenciario, máxime cuando se trata de condenas elevadas (de 9 a 13 años de cárcel) de las que ninguno ha cumplido la mitad, y la mayoría ni siquiera una cuarta parte.

El pasado mes de agosto, la Fiscalía recurrió el tercer grado que la juez de vigilancia penitenciaria avaló respecto a los siete presos varones que cumplen la pena en la cárcel de Lledoners. El juzgado dejó el tercer grado en suspenso y desde entonces el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull y los líderes sociales Jordi Sánchez y Jordi Cuixart dejaron de poder salir en régimen de semilibertad a trabajar o a hacer labores de voluntariado como estableció la junta de tratamiento de la prisión y autorizó el juzgado.

En cambio, la Fiscalía también recurrió el régimen penitenciario que permite a Carme Forcadell y Dolors Bassa dormir cuatro noches en prisión y salir a diario, pero el juzgado de vigilancia penitenciaria que les afecta no aceptó aplicar una suspensión cautelar en este caso. Por tanto, seguían disfrutando hasta ahora del tercer grado.

La Sala estima estos recursos de apelación de la Fiscalía contra el progreso a tercer grado penitenciario concedido por la Generalitat y también en relación a la aplicación a estos internos del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que suponía también un régimen de semilibertad, y que les deniega, reiterando los argumentos que dio respecto a Carme Forcadell el pasado mes de julio, por la falta de conexión de un programa de tratamiento de ese tipo con un proceso de reinserción de los delitos cometidos.

El tribunal que ha dictado los autos está formado por Manuel Marchena (presidente y ponente), Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana Ferrer. En los nueve autos, de contenido similar, los magistrados explican que la concesión del tercer grado a un interno que no haya cumplido la cuarta parte de la condena (que es el caso de todos ellos salvo Jordi Cuixart, Jordi Sánchez y Joaquim Forn, que tampoco han cumplido la mitad) es excepcional y exige «una justificación reforzada, lógicamente, con respecto a aquella exigible en los supuestos en los que se propone para el tercer grado a un interno que ya ha cumplido la cuarta parte de la condena».

No se persigue al discrepante

Añade que «ninguno de los acusados en este procedimiento ha sido condenado por perseguir la independencia de Cataluña. Las ideas de reforma, incluso ruptura, del sistema constitucional no son, desde luego, delictivas. Su legitimidad es incuestionable, está fuera de cualquier duda. El pacto de convivencia proclamado por el poder constituyente no persigue al discrepante. Ampara y protege su ideología, aunque ésta atente a los pilares del sistema».

Por ello, el tribunal destaca que «yerra la juzgadora de instancia al dejar entrever que la estimación del recurso del Ministerio Fiscal implicaría exigir al interno que modificara su ideología. El señor Junqueras -indica en el auto referido al exvicepresidente de la Generalitat- no fue condenado por su ideología independentista. Fue declarado autor de un delito de sedición en concurso con un delito de malversación de caudales públicos en su modalidad agravada, con base en los hechos declarados probados en el juicio histórico de nuestra sentencia». Además, destaca que «nadie cumple condena en un centro penitenciario por sus ideas políticas».

REACCIONES

La consejera de Justicia catalana: «El Supremo se aleja de la justicia e insiste en la venganza»

La consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, ha manifestado en la mañana de este viernes que el Tribunal Supremo «se aleja de la justicia e insiste en la venganza» tras acordar la revocación del tercer grado a los presos independentistas. En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, Capella ha insistido en que los Tribunales especialistas en temas de vigilancia penitenciaria «han avalado lo que han dicho las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios catalanes, es decir, al 100.2 y a los terceros grados». Ha manifestado: «El Supremo, que es el tribunal más politizado de Europa, ha hecho lo que ya nos tiene acostumbrados de cuando hablamos del 'procés' catalán, hacer prevalecer las razones de Estado por encima de las razones de derecho», y ha criticado que el TS ha vuelto a aquellos principios que inspiraban a los tribunales de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, según ella.

Romeva cree que el Estado se convierte en «una gran cárcel» 

El exconseller Raül Romeva ha criticado este viernes la decisión del Tribunal Supremo (TS) de revocar el tercer grado penitenciario a los condenados por el 1-O: «Poco a poco este Estado va convirtiéndose en una gran cárcel». En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, Romeva ha dicho que «se confirma el más previsible de los escenarios» de que el Supremo revoque el tercer grado al considerar que se trata de una medida prematura. «El Supremo ha vuelto a dictar sentencia. Poco a poco este Estado va convirtiéndose en una gran cárcel, una democracia fallida que están creando ellos mismos», ha zanjado.

Aragonès: «Es un insulto a todos los demócratas»

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha considerado que la decisión del Tribunal Supremo «es un insulto a todos los demócratas». «Son castigados por una justicia carcomida, vieja y caduca por el simple hecho de defender sus ideas. La amnistía para todos los represaliados es urgente», ha dicho en un tuit este viernes.

Sànchez y Turull ven «venganza del Estado»

El secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, y el exconseller Jordi Turull han asegurado este viernes que ven «venganza del Estado». «El escarmiento, la venganza de Estado y la aplicación del derecho penitenciario del enemigo no deja ningún margen para las sorpresas», ha manifestado Turull en un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que ha añadido los hashtags 'Persistamos' y 'No surrender'. Tampoco le supone una sorpresa la decisión del Supremo a Sànchez, que cree que la tenacidad del Estado y del TS para intentar «hundir» a los presos del 1-O es constante y previsible.

Torrent habla de «injusticia, venganza y arbitrariedad»

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha asegurado que ve «injusticia, venganza y arbitrariedad» en la decisión del Tribunal Supremo. «Nacionalismo judicial que pasa por encima de todos los derechos fundamentales. Todo el apoyo, compañeras y compañeros», ha dicho en un apunte también en Twitter.

Cuixart insiste en pedir «amnistía y autodeterminación»

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha insistido este viernes en pedir «amnistía y autodeterminación» tras la decisión del Tribunal Supremo. «No lo olvidemos: los presos y los exiliados no somos la visualización de ninguna derrota. Hoy más que nunca, amnistía y autodeterminación. Serenidad, coraje y ni un paso atrás. ¡Viva Cataluña libre!», ha destacado en un mensaje en su cuenta de Twitter  con el hashtag 'Lo volveremos a hacer'.

Junqueras acusa al Tribunal Supremo de dictar «venganza de nuevo»

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha acusado este viernes al Tribunal Supremo de dictar «venganza de nuevo». «El Tribunal Supremo dicta venganza de nuevo. ¡Un abrazo enorme, Carme (Forcadell) y Dolors (Bassa)!», ha escrito en un mensaje en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press, dado que con la decisión del Supremo ambas perderán este grado de semilibertad.

Puigdemont dice que la revocación del tercer grado es por «venganza y escarmiento»

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha considerado que la decisión del Tribunal Supremo es por «venganza y escarmiento». «Nada nuevo en esta hoja de ruta del unionismo. Mucha fuerza y muchos ánimos a todos, especialmente a la presidenta Carme Forcadell y a la consellera Dolors Bassa», ha dicho en un apunte en Twitter.

Amnistía Internacional cree que el Supremo «perpetúa la injusticia» de los «Jordis»

La organización Amnistía Internacional considera que la resolución desfavorable del Tribunal Supremo sobre la concesión del tercer grado a los presos Jordi Sánchez y Jordi Cuixart «perpetúa una situación de injusticia contra ambos». En un comunicado, el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, ha señalado que la organización «lamenta la negativa del Tribunal Supremo a la concesión del tercer grado para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, con la que se perpetúa una situación de injusticia contra ambos ya que deben ser puestos en libertad inmediatamente».

Forcadell afea conocer la revocación por la prensa

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha afeado que se ha enterado de la decisión del Tribunal Supremo por los medios de comunicación: «Como siempre nos hemos enterado de que tenemos que entrar a la cárcel por los medios de comunicación». Lo ha dicho en un apunte en Twitter en el que ha añadido: «Es vergonzosa la falta de respeto hacia nosotros y nuestras familias».

Podemos tilda de «venganza» la decisión del Supremo

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha asegurado que la decisión del Supremo de revocar el tercer grado penitenciario a los condenados del «procés» es un acto de «venganza de un tribunal que no es competente para resolver» este asunto. «Esto no es un acto de justicia, sino de venganza de un tribunal que no es competente para resolver el tercer grado de los presos.Hay que sacar el conflicto del terreno del castigo y llevarlo a la política», ha manifestado en Twitter el dirigente de En Comú Podem.

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La Voz

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