La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha ofrecido este jueves diálogo al Gobierno nacional para consensuar unas medidas para contener la expansión del coronavirus en la región que sean «sensatas, justas y ponderadas», tras el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a las restricciones de movilidad decretadas por Sanidad en diez municipios, incluida la capital.

La intención, según ha avanzado Ayuso en una comparecencia en la sede del Gobierno regional, es publicar una orden este viernes con las medidas consensuadas.

Además, ha anunciado que su Ejecutivo va a retirar las medidas cautelares que había pedido ante la Audiencia Nacional contra las restricciones decretadas por el Ministerio de Sanidad con el objetivo de «evitar más confusión todavía a la ciudadanía».

Ayuso ha pedido a los madrileños no salir de Madrid y seguir todas las recomendaciones sanitarias ante el puente del 12 de octubre.

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El auto del TSJM

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado las medidas que restringen desde el viernes 2 de octubre la movilidad en diez municipios de la región, entre ellos la capital, al entender que afectan a los derechos y libertades fundamentales.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso del TSJM ha denegado así las medidas que prevén actuaciones sanitarias coordinadas aprobadas en el Consejo Interterritorial de Salud y publicadas el pasado viernes por la Consejería de Sanidad, ha informado este tribunal.

«Las medidas limitativas de derechos fundamentales que establece la Orden de la Consejería de Sanidad, meramente en ejecución de la Orden comunicada de 30 de septiembre de 2020, constituyen una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal que la ampare, es decir, no autorizada por sus representantes en las Cortes Generales, por lo que no puede ser ratificada», explican los jueces en el auto. 

Los magistrados precisan en su resolución que «se está ante un marco legal que difiere sustancialmente del que fue objeto de análisis, coincidiendo con la ratificación de las medidas sobre áreas sanitarias, de 24 de septiembre y 1 de octubre». 

E inciden en que en el orden constitucional español corresponde a los representantes de los ciudadanos en las Cortes Generales «la delimitación y la modulación de los derechos fundamentales de las personas, bajo las exigencias de proporcionalidad, certeza y previsibilidad y, en todo caso, respetando su contenido esencial».

«Dicho de otro modo, los derechos fundamentales que la Constitución atribuye a los ciudadanos no pueden verse afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes mediante una disposición con rango de Ley, que reúna las condiciones mínimas suficientes requeridas por las exigencias de seguridad jurídica y certeza del derecho», añade el fallo.

En la resolución, los magistrados precisan que ahora nos encontramos ante un marco legal «que difiere sustancialmente del que fue objeto de análisis» al ratificar las medidas que entraron en vigor a finales de septiembre en 45 zonas sanitarias, ya que ahora se trata de un mandato del ministerio.

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En el auto, terminan recordando que «son conscientes» de la necesidad de «adoptar medidas inmediatas y eficaces de diversa índole para proteger la salud de los ciudadanos, contener la propagación de la enfermedad y reforzar el Sistema Nacional de Salud, entre las que cabría incluir medidas limitativas de derechos fundamentales de mayor o menor alcance. Para ello nuestro sistema constitucional articula instrumentos jurídicos de diversa naturaleza que ofrecen cauces jurídicos diferentes para delimitar, modular, restringir, e incluso suspender los derechos fundamentales de las personas, respetuosos con las garantías constitucionales». 

Ahora queda en el aire qué pasará con el «cierre» que afecta desde la noche del pasado viernes a más de cuatro millones y medio de ciudadanos, los que viven en Madrid capital y otros nueve municipios de la comunidad. Lo que sí está claro es que no se podrá multar a los ciudadanos que incumplan las limitaciones. 

Sanidad adoptará «las decisiones jurídicas que mejor protejan la salud»

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El ministro Illa comparece en el Congreso

La Voz

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha avanzado que el Ministerio de Sanidad adoptará «las decisiones jurídicas que mejor protejan la salud», tras el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de las medidas impuestas por Sanidad para el confinamiento perimetral de la capital y de otras nueve ciudades madrileñas, al entender que vulnera derechos fundamentales.

En su comparecencia este jueves en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, el ministro se ha mostrado «seguro» de que la Comunidad de Madrid «coincidirá en este planteamiento». Por ello, ha anunciado que ha reclamado una reunión del Grupo covid-19 entre Madrid y Sanidad para «esta misma tarde».

El ministro ha señalado que «el plan A, B y C es proteger la salud pública siempre basándose en las recomendaciones de los expertos». «Pensamos siempre en los enfermos, las familias, las personas y los sanitarios», ha apuntado, añadiendo que a Sanidad le «importa muy poco, es decir nada, cualquier otra cuestión que no sea la salud de los ciudadanos».

Madrid estudia el auto del TSJM

El Gobierno de la Comunidad de Madrid estudia el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ha rechazado las medidas que restringen desde el pasado viernes la movilidad en diez municipios de la región, incluida la capital, y analiza qué medidas puede seguir aplicando para contener la expansión del coronavirus.

La información sobre el auto ha coincidido con la celebración del pleno de la Asamblea de Madrid al que han asistido la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha abandonado el hemiciclo al igual que otros miembros del Gobierno regional como el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

Fuentes del Ejecutivo madrileño han explicado a Efe que los servicios jurídicos del Gobierno están estudiando con detalle el auto del TSJM, que rechaza las restricciones que entraron en vigor el 2 de octubre al entender que afectan a los derechos y libertades fundamentales.

Una vez que las restricciones ordenadas por el Ministerio de Sanidad dejan de estar en vigor de forma inmediata, la Abogacía de la Comunidad de Madrid estudia ahora en qué situación queda la región y qué medidas puede adoptar para combatir la pandemia.

Antes de que el Ministerio de Sanidad ordenase al Gobierno regional las medidas restrictivas para diez municipios, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ya había establecido la limitación de movilidad en 45 zonas básicas de salud, fundamentalmente las que mayor incidencia acumulada de contagios presentaban.

Desde el pasado lunes, 5 de octubre, el Gobierno regional mantuvo esta estrategia en tres zonas básicas ya que el resto estaban incluidas en los diez grandes municipios donde ya había limitaciones.

Los diez municipios son Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Parla, y las tres zonas básicas con limitaciones Reyes Católicos (en San Sebastián de los Reyes), Humanes y Villa del Prado.

En todos los casos las medidas son similares porque está restringida la entrada y salida de estas zonas salvo por motivos justificados, como ir a trabajar, y hay mayores restricciones de aforo y horarios en locales de hostelería y comerciales.

La única diferencia es que en las zonas básicas los parques infantiles no pueden abrir y en los grandes municipios sí.

El Gobierno regional ha defendido en los últimos días que el descenso de casos de coronavirus se debe a las medidas aplicadas en zonas básicas desde el pasado 21 de septiembre, que cree que están dando frutos positivos.

El alcalde de Madrid pide evitar desplazamientos pese a la decisión judicial

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido a los ciudadanos que «limiten todos aquellos desplazamientos que no sean estrictamente necesarios» después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya rechazado las medidas que restringen la movilidad en la capital y otros nueve municipios de la comunidad.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el alcalde ha opinado que el auto del TSJM muestra la necesidad de diseñar un «marco normativo adecuado» que defina el ámbito de actuación de las distintas administraciones para hacer frente a la pandemia del coronavirus, y ha tendido la mano al Gobierno de Pedro Sánchez para abordar dicha reforma.

A su vez, ha insistido en la necesidad de reducir los desplazamientos «en la medida de lo posible», aun habiendo «un puente por delante», para continuar «venciendo la curva» porque, ha subrayado,«cuanta menos movilidad haya, mejor».

El PP dice que Illa queda en una situación insostenible

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de rechazar las restricciones a la movilidad en Madrid deja «en una situación prácticamente insostenible» al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y ha reclamado reformar la ley orgánica de Salud Pública.

El líder de la oposición ha acusado a Illa de haber arremetido contra la Comunidad de Madrid con «motivación política y partidista» lanzando además «un mensaje de miedo y de temor» y ha afeado que un tribunal haya venido a decir que «el cierre total no era la mejor idea», según ha señalado este jueves en un acto de la Asamblea General de la Empresa Familiar en Toledo.

Casado ha vuelto a reclamar que se reforme la ley orgánica de Salud Pública, para establecer un «punto intermedio» entre el estado de alarma y la «aleatoriedad no basada en la ley que luego depende de un tribunal» como ha pasado en Madrid.

Ha apelado a mejorar el marco jurídico, modificando la ley «para limitar la movilidad», un trámite que se podría hacer «en 15 días» y «añadiendo dos líneas» para dar seguridad jurídica a las administraciones. Además, tiende la mano para mejorar las condiciones de médicos y enfermeras.

El presidente del PP ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de lanzar «un mensaje de falsa confianza» a los españoles para después «reñirles y hacerles responsables» de la evolución de la pandemia.

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