El Ministerio de Trabajo quiere aprobar próximamente una nueva ley que regule el teletrabajo para garantizar que aquellos empleados que voluntariamente acepten esta modalidad no sufren una merma de ingresos o de derechos laborales. Así lo establece el texto que sacó este sábado a consulta pública el departamento que dirige Yolanda Díaz, previa a la elaboración de un proyecto normativo consistente en la modificación y elaboración de las condiciones para prestar trabajo por cuenta ajena a distancia. El plazo para que todos aquellos interesados planteen sus aportaciones a la normativa concluirá el próximo 22 de junio.

El ministerio quiere proporcionar una regulación suficiente que dé respuestas a diversas necesidades, equilibrando el uso de estas nuevas formas de prestación de trabajo por cuenta ajena y las ventajas que suponen para empresas y empleados, de un lado, y un marco de derechos que satisfagan, entre otros, los principios sobre su carácter «voluntario y reversible». 

Compensación de gastos

Asimismo, asegura que es preciso velar por el principio de «igualdad de trato» en las condiciones profesionales, en especial en lo concerniente a la retribución, incluida la compensación de gastos, la promoción y la formación profesional o el ejercicio de derechos colectivos.

La nueva norma regulará también los tiempos máximos de trabajo y los tiempos mínimos de descanso, la distribución flexible de las horas de trabajo, así como los aspectos preventivos relacionados con la fatiga física y mental, el uso de pantallas de visualización de datos y los riesgos de aislamiento.

Aunque admite que el teletrabajo aporta «notables ventajas» como la mejor conciliación de la vida laboral personal y familiar, reducción de gastos en las oficinas y ahorro de costes en los desplazamientos o caída del absentismo, Trabajo reconoce que también presenta posibles «inconvenientes», como «tecnoestrés», horario continuo, conectividad digital permanente, mayor aislamiento laboral o costes sin compensación. Por ello, cree necesaria una regulación que equilibre ambos aspectos y que aporte «certezas» para los trabajadores y para las empresas.

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