La excúpula de UGT Andalucía se enfrenta a 26 años de cárcel y 200 millones de multa por el desfalco de casi 41 millones de euros en subvenciones del Gobierno autonómico para cursos de formación, que presuntamente los antiguos líderes sindicales usaron para financiarse de modo irregular a través de una trama de facturas falsas y alquileres ficticios de locales en los que impartir los cursos durante un lustro, entre los años 2009 y 2013.

Así lo recoge el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, después de que el pasado día 3 el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla decretara la apertura de juicio oral para catorce acusados: cuatro antiguos responsables del sindicato, con el ex secretario general, Francisco Fernández Sevilla, a la cabeza; además de Enrique Goicoechea, consejero delegado de Soralpe, la empresa instrumental del sindicato que canalizaba las ayudas; y otros nueve proveedores que facilitaban las facturas falsas.

Multa de 250 millones

Anticorrupción los acusa de los delitos continuados de fraude en las subvenciones y falsedad en documento mercantil, por lo que pide la apertura de juicio oral en la Audiencia Provincial de Sevilla. En su escrito de acusación, el fiscal pide penas de siete años de cárcel y 50 millones de multa para Fernández Sevilla, el ex secretario general de Administración Federico Fresneda, la exsecretaria de gestión económica María Charpín y Enrique Goicoechea, responsable de Soralpe, mientras que para la responsable del departamento de compras, Dolores Sánchez, pide cinco años de prisión e idéntica multa. En total, 33 años de cárcel (26 excluyendo al consejero delegado de Soralpe) y 250 millones de multa.

Asimismo, para cada uno de los nueve proveedores de la central sindical, a los que el fiscal considera cooperadores necesarios en los delitos, solicita tres años de cárcel (en total, 27) y una multa de 3.600 euros (a razón de 10 euros diarios durante 12 meses).

UGT, responsable solidario

El ministerio público considera al sindicato responsable civil subsidiario de la devolución de los 40,7 millones saqueados a la Junta de Andalucía y también responsable solidario de las sanciones impuestas a los acusados, por lo que, en caso de que ellos no pudieran afrontarlas, tendría que responder de un total de nada menos que 290,7 millones.

El modo de «financiación irregular» fue de «tal magnitud» que —dice el fiscal— «casi todos los gastos estructurales de la organización eran financiados» con esas subvenciones que concedía la Consejería de Empleo para cursos de formación a trabajadores.

«Con la finalidad de lograr el desvío de fondos que debieran haber sido destinados a los cursos, [los responsables del sindicato] pusieron en marcha un plan para financiarse con los mismos, sin perjuicio de que los cursos se impartieran, redundando en su eficacia y calidad, distrayendo directamente cantidades, o evitando devolver descuentos en período de justificación ante la Administración concedente», recoge el informe de Anticorrupción, señalando que los «mecanismos implementados para lograr la desviación de capitales» eran «el rápel y el bote».

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