La caída de popularidad de Vladimir Putin no frena la dureza de la represión a los opositores. La policía rusa detuvo este sábado a más de 650 personas en una manifestación no autorizada en el centro de Moscú en la que pedían elecciones libres y justas ante la negativa de las autoridades electorales a registrar a 57 candidatos opositores para los comicios municipales del próximo septiembre.

Que la manifestación iba a ser reprimida por todos los medios quedó claro no solo por las duras advertencias en la víspera de la policía y este mismo sábado del alcalde, Serguéi Sobianin, sino también por el intento de las autoridades en los últimos días y las últimas horas de descabezar la protesta con registros en las viviendas y sedes de campaña de varios opositores.

El principal líder de la oposición extraparlamentaria, Alexéi Navalni, fue detenido el pasado día 24 y cumple un arresto de 30 días por llamamientos a participar en la manifestación. Incluso antes del inicio de la protesta fueron detenidos varios candidatos opositores a las elecciones locales cuyas candidaturas fueron rechazadas por la comisión electoral, entre ellos Dmitri Gudkov, antiguo diputado; Iván Zhdanov, director del Fondo de Lucha contra la Corrupción de Navalni, y Yulia Galiamina.

También fue detenida Liubov Sóbol, estrecha colaboradora de Navalni y actualmente en huelga de hambre por la decisión de las autoridades de no inscribirla como candidata a las elecciones municipales del próximo 8 de septiembre.

Las autoridades maniobraron desde el principio para impedir la manifestación de hoy, después de que a la del fin de semana anterior -que estaba autorizada-, acudieran unas 12.000 personas, según la Policía, y 22.400, de acuerdo con la organización Contador Blanco, especializada en el cómputo de manifestantes.

Las fuerzas de seguridad cerraron los pasos subterráneos e impidieron con vallas y con cordones humanos el paso no solo a los manifestantes, turistas y transeúntes, sino también a periodistas. Eso pese a que iban con chalecos identificativos y el Ministerio del Interior había prometido en la víspera garantizar el libre ejercicio de su trabajo durante la marcha, durante la cual la comunicación por redes sociales y aplicaciones de mensajería por Internet resultó prácticamente imposible.

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