La defensa del agente antidisturbios de los Mossos d'Esquadra que dijo a un agente rural «la república no existe, idiota», durante las protestas contra el Consejo de Ministros celebrado en Barcelona el 21 de diciembre, considera un «agravio comparativo» el querer imponerle una sanción cuando no consta si se ha investigado al agente rural, también funcionario, y apunta a que las actuaciones de oficio contra él de la División de Asuntos Internos (DAI) pueden ser prevaricación. El agente de los Mossos alega que no quería ofender y que se refirió a un dato «objetivo». Además, entiende que la Generalitat prevaricaría si le sanciona a él y no al agente rural con quien discutió en un ambiente «hostil». Por lo que pide que se anule la propuesta de sanción por una falta leve por la que ha sido expedientado por Asuntos Internos.

«Las actuaciones de oficio de una División de Asuntos Internos [de los Mossos] no pueden ser aleatorias o al capricho de la voluntad de los responsables de esta importante división o de las indicaciones que puedan provenir de otras instituciones, este hecho entiende esta parte podría ser constitutivo de un delito de prevaricación al tratarse de una actuación arbitraria no homogénea respecto a otros casos de mayor gravedad», argumenta el abogado José María Fuster-Fabra, en su escrito de alegaciones al expediente disciplinario, según recoge Europa Press.

El letrado del agente ha reclamado solicitar a la Consejería de Agricultura de la Generalitat si ha abierto un expediente sancionador al agente rural con quien se produjo la conversación «por haber acudido a una manifestación con uniforme reglamentario y adoptando una actitud claramente hostil hacia funcionarios de Mossos d' Esquadra que estaban realizando su trabajo».

Considera que la actitud de este agente rural fue «manifiestamente más grave» que la de su representado porque, en sus palabras, aparece vestido de uniforme en una manifestación de carácter agresivo apoyando a los manifestantes y tratando de impedir el ejercicio de la función pública de los Mossos.

La república no existe, es un dato objetivo 

Respecto al insulto "idiota", afirma que se refiere a la acepción de una persona que «carece de instrucción», ya que afirma que la república existe, cuando su inexistencia es un dato absolutamente objetivo reconocido unánimemente incluso por los propios políticos independentistas  acusados en el Tribunal Supremo, reflexiona Fuster-Fabra.

El letrado resalta que la escena de que un agente rural, funcionario, va a una manifestación «apoyando a los manifestantes y oponiéndose y culpabilizando a otro funcionario Mosso d'Esquadra que esta cumpliendo su trabajo» es en sí misma inaudita.

«La escena encaja en la idea de una persona que carece de instrucción porque es obvio que no es propio de un funcionario uniformado una actuación semejante, manifestando defender algo inexistente», afirma en su escrito.

Colaboración entre funcionarios

Además, apunta a que la escena filmada, que se hizo viral, es una conversación entre dos funcionarios, donde el funcionario que está cumpliendo con su deber pretende que el otro funcionario le ayude y que tome conciencia de la situación que se estaba produciendo: «En definitiva que lo que pretendía era la colaboración entre funcionarios» para que otros concentrados respetaran el cordón de seguridad que intentaban establecer los Mossos d'Esquadra.

Aquel día, el agente rural alegó que estaban «construyendo la república», ante lo que el mosso le respondió: «Pues defiéndeme a mí y no a estos hijos de puta». El agente rural replicó: «Yo defiendo la república», ante lo que el mosso zanjó: «¿Qué república ni que cojones?...¡la república no existe, idiota!».

En su escrito de alegaciones, el mosso sostiene que la expresión «hijos de puta» era genérica y no iba dirigida a nadie en concreto, más allá de a los manifestantes que aquel día habían causado lesiones a varios agentes de la policía catalana, a los que arrojaron todo tipo de objetos en una «actitud hostil».

En su escrito de alegaciones, el abogado asegura que los comentarios vertidos por su representado fueron fruto de llevar unas 10 horas de trabajo en unas condiciones «límite» y que durante el dispositivo los mossos habían sido sometidos a insultos, actitudes hostiles, gritos, y en absoluta inferioridad, ya que tenían enfrente a entre 3.000 y 4.000 personas.

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