En dos comunicados diferentes la oposición venezolana acusó ayer a Nicolás Maduro de «querer construirse una oposición a la medida», después de que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ordenara «validar» nuevamente su participación política tras la negativa de una parte de esta a participar en las elecciones municipales del pasado día 10. Maduro no concretó su amenaza de ilegalizar a los partidos ante el repudio internacional que su solo anuncio generó, luego de unos comicios en los que el chavismo arrasó al ir sin rivales; pero ahora, a través de la Asamblea Constituyente (que controla y que ni la oposición ni la comunidad internacional reconocen) obliga a Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular, los principales partidos opositores, a pasar por el proceso de recoger al menos el 1 % de las firmas en doce estados para quedar validados como partidos políticos.

Precisamente, estos partidos emitieron un primer comunicado en el que señalan que la dictadura de Maduro diseña y pretende consolidar una oposición a su conveniencia. «Esto no detendrá la lucha que han emprendido nuestras organizaciones por elecciones limpias, transparentes y verdaderamente competitivas, sin presos ni inhabilitados políticos». Estas son dos de las peticiones que la oposición venezolana está llevando a los diálogos con el Gobierno de Maduro, que se realizan en República Dominicana, a cuyo presidente y principal mediador, Danilo Medina, le piden estar alerta ante «estas nuevas acciones que sin duda representan una burla al esfuerzo de concertación y paz que tanto ustedes como quienes representamos a la oposición democrática adelantamos». Sin embargo, los partidos no despejan la duda de si recorrerán nuevamente el camino de la validación, y por lo tanto, reconocerán a la Constituyente o enfrentarán la ilegalización.

Por su parte, y horas después, la Mesa de la Unidad Democrática emitió un segundo comunicado, dejando ver las profundas diferencias entre sus miembros. Esta segunda comunicación sí hace referencia a la Constituyente e indica que para los venezolanos y el mundo democrático todas las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente violan la Constitución. «Su accionar es contrario a la democracia y evidencia el carácter autoritario de un Gobierno débil, que se refugia en la fuerza bruta y la arbitrariedad».

«Los últimos decretos de la ANC buscan solapar en la opinión pública el agravamiento de la crisis económica, el hambre y las muertes que diariamente están ocurriendo por desnutrición y por falta de medicinas. Quieren con estos zarpazos a las leyes desviar el foco de la emergencia social que existe en nuestro país, por eso seguiremos denunciando y pidiendo al mundo un mecanismo de ayuda humanitaria para Venezuela», lo que es, nuevamente, una de las peticiones al Gobierno en las negociaciones en Dominicana.

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