La oposición venezolana, dividida tras la decisión de cuatro gobernadores electos en sus filas de jurar ante la Asamblea Nacional Constituyente, enfrenta un panorama crecientemente complicado, mientras Nicolás Maduro (al que la televisión estatal califica de «presidente de la mayoría» desde hace dos semanas), aprovechará el momento político para tomar mayor control del país, y acelerar, al menos, las elecciones de alcaldes, cuyos períodos vencen este diciembre.

Uno de los chavistas más influyentes, el exgobernador de Carabobo Francisco Ameliach, solicitó a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que agilice la convocatoria a estos comicios, de los que Maduro dijo «ganaremos por mayoría abrumadora».

Nada de qué extrañarse, dado que el partido más grande de la oposición, Voluntad Popular (VP), no concurrirá; Primero Justicia (PJ), el otro partido más importante de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), duda en hacerlo, y solo quedarían Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Avanzada Progresista, del exchavista Henri Falcón.

Un bloque de tendencia socialdemócrata, y de «oposición leal», al régimen de Maduro, mientras PJ y VP se acercan cada vez más a los sectores que llamaron a la abstención en los comicios regionales de hace dos semanas en los que la oposición cosechó una dolorosa derrota, que achaca a los múltiples cambios de último minuto hechos por el Consejo Nacional Electoral, claramente controlado por el chavismo.

El politólogo John Magdaleno, uno de los más reputados de Venezuela, cree que la coalición opositora va hacia «un nuevo formato organizativo, que será más amplio», pero que «todo el liderazgo opositor se desprestigia al no acordar una estrategia conjunta, y acusarse mutuamente».

El temor de analistas como Magdaleno es que la oposición venezolana entre en un proceso creciente de desconocimiento del voto como herramienta para producir cambios y en una espiral también en aumento de radicalización, que sería contestada con mayor violencia por un Gobierno que en este momento tiene más de 400 presos políticos.

Elecciones ilegítimas

La comunidad internacional, en tanto, comienza a tomar posición sobre la nueva situación en Venezuela, tras el 15 de octubre. Jorge Quiroga, expresidente boliviano, muy cercano a la causa opositora venezolana, afirmó, en referencia a Acción Democrática, que aún permanece en la coalición, que «algunos factores siempre quisieron contemporizar con el régimen», y pidió formar «un nuevo liderazgo» a partir de dirigentes como el encarcelado Leopoldo López y María Corina Machado, una de las más férreas en su rechazo al chavismo.

La Organización de Estados Americanos (OEA) publicó en su página web este miércoles un informe difundido en la víspera por su secretario general, Luis Almagro, en el que califica de ilegítimo el resultado de las elecciones parlamentarias, las cuales «impidieron que los resultados publicados por el CNE reflejaran la voluntad del pueblo venezolano».

La OEA se solidarizó también con la primera decisión del Tribunal Supremo de Justicia designado por el Parlamento venezolano, y que opera en el exilio porque el Gobierno de Maduro persiguió a todos los magistrados que lo conforman: declarar disuelta, por ilegalidad en su conformación, la Asamblea Nacional Constituyente.

Aunque la decisión no tiene efectos prácticos dentro de Venezuela, se espera que los países del denominado Grupo de Lima (catorce naciones del hemisferio sur americano que supervisan la crisis venezolana y cuyos cancilleres se reunirán este jueves en Toronto, Canadá) la asuman como válida, igual que, con toda seguridad, lo hará Estados Unidos.

El TSJ en el exilio realiza ahora sus sesiones desde la sede de la OEA en Washington.

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