La Fiscalía Superior de Cataluña ha ordenado a las policías locales tomar las «medidas oportunas» para impedir que el material electoral perteneciente al Estado que guardan los ayuntamientos catalanes, como urnas, pueda ser empleado para el referendo del 1 de octubre, suspendido por el TC. En dos instrucciones dictadas este miércoles, el ministerio público obliga además a las policías locales, la Guardia Civil y la Policía Nacional a colaborar con los Mossos d'Esquadra, si así se les solicita, para precintar los centros de votación del 1-O.

En la instrucción dirigida a las policías locales, recuerda que existe un «depósito de material electoral propiedad de la Administración General del Estado, confiado a los ayuntamientos para el correcto desarrollo de los procesos electorales». Ante la consulta del 1 de octubre convocada por el Govern y suspendida por el Tribunal Constitucional (TC), las policías deberán «adoptar las medidas oportunas para impedir que el citado material sea utilizado». Con ese objetivo, el ministerio público ha ordenado a la policía local «garantizar su custodia y asegurar que el material electoral de la Administración General del Estado no sea utilizado el día 1 de octubre, informando de cualquier incidencia o novedad que se produzca en su custodia o uso» antes de la jornada del 1-O.

La instrucción dirigida a las policías locales reproduce la orden de precinto de los locales designados para acoger las urnas del 1-O que este martes remitió la Fiscalía a los Mossos d'Esquadra y precisa que se debe impedir la votación en un «radio de seguridad» de 100 metros de esos recintos. En ese sentido, pide a las policías locales que «tomen en consideración» el contenido de esa instrucción, «en cuanto a que se le pueda requerir el auxilio y la colaboración por parte de los Mossos d'Esquadra».

Según la instrucción, las policías municipales de Cataluña deberán «colaborar» con los Mossos «en cuantos requerimientos le sean solicitados para el cumplimiento» de la orden de precinto de locales electorales, «a la mayor brevedad posible y sometiéndose a su coordinación operativa». Esta colaboración, añade la instrucción de la Fiscalía, deberá «ser considerada como un servicio de prioridad frente a cualquier otro cometido ajeno al cumplimiento de esas tareas concretas de la policía judicial».

Por su parte, la instrucción que el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, ha dirigido al general jefe de la zona de Cataluña de la Guardia Civil y al jefe superior de Policía les informa de la facultad de los Mossos de acudir a ellos en el caso de que no sea suficiente la ayuda prestada por las policías locales para precintar los centros de votación. Todo ello sin perjuicio, añade, de que la Fiscalía Superior de Cataluña «emita, en este contexto, las órdenes e instrucciones procedentes», es decir, que tengan que cumplir los mandatos directos que les pudiera hacer el ministerio público.

En este sentido, pide a los jefes de ambos cuerpos que dispongan «la planificación del uso de sus reservas, así como, en función de la evolución de los acontecimientos durante el 1 de octubre, la directa intervención de las unidades bajo su mando» para incautar «urnas, equipos informáticos, papeletas y documentación o propaganda electoral».

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