Junts pel Sí y la CUP aprobarán antes del eventual referéndo del 1 de octubre la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, la principal de las llamadas «leyes de desconexión», prevista para, en caso de que ganara el 'sí' a la independencia, crear un marco legal alternativo al español.

Según han explicado ambas formaciones en una rueda de prensa en el Parlament, la ley pretende dar la cobertura y el marco jurídico del periodo inmediatamente posterior a esa eventual victoria del 'sí', por lo que entraría en vigor entre el 2 de octubre y unas elecciones constituyentes, tras las cuales se aprobaría una «constitución catalana».

La ley de transitoriedad jurídica que dota a Cataluña de un «corpus jurídico» propio si gana el sí en el referendo del 1 de octubre prevé amnistiar a todos los «investigados o condenados por procedimientos relativos a la independencia o la construcción de la república» -incluidos, por tanto, el expresidente Artur Mas y los exconsellers Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs-.

Así se recoge en el texto de la ley que este mismo lunes han presentado y registrado JxSí y la CUP en el Parlamento catalán, y los grupos han avisado de que «en ningún caso se amnistiarán casos de corrupción; solo los relacionado con el proceso».

La ley desgrana muchos detalles de la estructura judicial prevista para Cataluña, donde no habría Audiencia Nacional; el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se reconvertiría en el Tribunal Supremo Catalán, y el fiscal general de la república sería nombrado por el Parlament y no por el Govern, «garantizando plena independencia».

La norma, que solo entraría en vigor si ganara el 'sí' en el referendo, también prevé descartar la Sala 5 de jurisdicción militar, si bien se mantendrían las otras cuatro salas: civil, penal, contenciosa administrativa y social.

La estructura de empleados «tendrá continuidad, seguirán con su plaza y tendrán las mismas retribuciones que hasta ahora», pero adaptándose a la nueva organización.

El nuevo Tribunal Supremo tendría también una Sala de Gobierno -que sería el Consejo General del Poder Judicial catalán y estaría formada solo por jueces-, y se crearía una Comisión Mixta para «garantizar todos los medios materiales y las funciones».

«No queda ni un mínimo resto de sensatez en la Generalitat»

El Gobierno considera que no queda «ni un mínimo resto de sensatez» en la Generalitat de Cataluña y advierte de que la ley de transitoriedad que han presentado hoy JxSí y la CUP «nunca entrará en vigor» porque el Ejecutivo va a «hacer cumplir las leyes» y dará «respuesta a todos los intentos de los independentistas de vulnerar» el orden constitucional. También ha advertido de que la ley «nunca entrará en vigor».

Fuentes del Gobierno acusan asimismo a la Generalitat de «rendirse» ante los planteamientos de un partido «minoritario, radical y antisistema» como la CUP.

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La Voz

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Europa Press

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