Jueces para la Democracia pidió ayer al Consejo General del Poder Judicial que se pronuncie expresamente para defender las actuaciones judiciales efectuadas en el caso de Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) en libertad provisional desde el martes que es investigada por sustracción de menores tras incumplir una orden de entrega de los niños al padre, Francesco Arcuri, condenado en el 2009 por malos tratos en el ámbito doméstico. Solicitan la intervención del órgano de gobierno de los jueces ante «las descalificaciones efectuadas a los tribunales españoles que están interviniendo» en el proceso.

La asociación progresista de jueces aprecia «evidentes presiones desde el ámbito político» que piden que no se ejecuten la sentencias y consideran que los responsables públicos deben actuar con «mesura y ponderación» al expresar opiniones sobre las decisiones de los jueces. Insiste en que los tribunales han actuado de manera «diligente y proporcionada», respetando el ordenamiento interno y los convenios internacionales.

Solo queda Estrasburgo

La defensa de Rivas ya ha agotado todas las vías judiciales en España. La Fiscalía no ha presentado el recurso de suplica contra la inadmisión por el Tribunal Constitucional del amparo pedido por Rivas, por lo que, a partir de ahora, únicamente le queda recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Para ello dispone de un plazo de seis meses. La abogada de la madre granadina ya anunció que acudirían a esta institución para buscar protección para los menores cuando se conoció la negativa de amparo del Constitucional.

El padre de los niños presentó ayer a través de su abogado un escrito en Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada en el que insta a que tome las medidas necesarias para hacer cumplir su orden de que se le entregue a sus hijos.

La Guardia Civil anunció que no tiene previsto solicitar medidas de fuerza en la búsqueda de los niños, de tres y once años de edad, para entregárselos a Arcuri y cumplir la orden judicial. Insiste en que no pedirá permisos judiciales para poder realizar registros domiciliarios, pero sí modificarán sus actuaciones si así lo ordena alguno de los juzgados involucrados en la causa.

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