El 16 de mayo del 2016, Juana Rivas le comunica a su pareja, Francesco Arcuri, con la que vivía en un pequeño pueblo de la isla italiana de Cerdeña, que se va de vacaciones con sus dos hijos a España. Pero Rivas ya había decido no volver, y un mes y medio después presenta en un juzgado granadino una segunda denuncia por malos tratos contra Arcuri, que había sido condenado en el 2009 a tres meses por lesiones en el ámbito doméstico.

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Efe

Más de un año después, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada remitió ayer al Ministerio de Justicia la traducción al italiano de la segunda denuncia que presentó Juana Rivas contra su expareja, para que el Gobierno, a su vez, la envíe a las autoridades italianas y llegue a la Fiscalía, encargada de instruir en aquel país.

El juzgado granadino recuerda en su pronunciamiento que Rivas, ilocalizable desde que hace más de veinte días, incumplió la orden de entregar a sus hijos a su padre. También se declara incompetente para juzgar los hechos, que se produjeron cuando la pareja residía en Calaforte, en Cerdeña, entre junio del 2013 y mayo del 2016. 

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Roberto L. Blanco Valdés

Errores

La Fiscalía de Granada solicitó el pasado mes de marzo la traducción de la segunda denuncia por malos tratos presentada por Rivas para enviarla a Italia, lo que volvió a requerir en julio al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada. Ayer, coincidiendo con las manifestaciones de apoyo a Rivas celebradas en una docena de ciudades españolas, remitió el texto de la denuncia traducido al Ministerio de Justicia.

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Agencias

Los asesores legales de Juana Rivas calificaron reiteradamente de error esta tardanza, ya que consideran que ha evitado que la Justicia italiana pudiera pronunciase sobre los supuestos malos tratos cometidos por Francesco Arcuri en el tiempo en el que la pareja convivió con sus dos hijos en Calaforte, entre junio del 2013 y mayo del 2016.

Rivas, en paradero desconocido desde el pasado 26 de julio, hizo llegar una carta a las plataformas que se concentraron ayer en su apoyo, en la que reconoce estar huida, pero dice «no hacer nada fuera de la ley».

«Mis hijos están en peligro. No es un desafío mi actitud, es la única forma que he encontrado a mi alcance como madre para proteger las joyas más preciadas de mi vida», detalló en el texto, firmado por la propia Rivas y leído en la concentración de Granada.

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Redacción

Francisca Granados, la asesora jurídica del centro de la mujer de Maracena que atendió a Juana Rivas desde que se trasladó a España en el 2016, cree que en el caso se han producido tres graves errores judiciales. El primero, que la segunda denuncia presentada por Rivas contra Arcuri no haya llegado todavía a Italia, país de procedencia del padre y donde residía la familia. El segundo, según Granados, estuvo en que la valoración de los menores se hizo por una psicóloga sin colegiar y no habilitada. El tercero, que no se tuvieron en cuenta los informes trasladados a la Fiscalía en donde sí se apreciaba riesgo para los niños en el caso de estos tuvieran que volver a convivir con su padre.

Magistrados piden a los políticos respeto por las resoluciones judiciales del caso

La asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria exigió a los representantes políticos respeto a las resoluciones judiciales de la causa que afecta a Juana Rivas. «Vernos forzados a pedir respeto a quienes desempeñan puestos de responsabilidad política» y a los encargados de aprobar las leyes es desmoralizados», según esta asociación. Detallan que los jueces «no precisamente en las mejores condiciones», resuelven a diario múltiples casos en los que existen conflictos personales y sentimientos humanos, a los que no son ajenos, y que lo hacen utilizando las herramientas de un Estado de derecho. «Nosotros no aprobamos las leyes ni ratificamos los tratados, pero, una vez que las normas forman parte del ordenamiento, es nuestro deber hacerlas cumplir», recuerdan desde la asociación judicial.

Francesco Arcuri prepara una querella contra el alcalde de Maracena por prevaricación

Francesco Arcuri, el padre de los hijos de Juana Rivas, estudia querellarse contra el alcalde de la localidad granadina de Maracena, Noel López (PSOE), por supuesta prevaricación en las actuaciones que está desarrollando el Ayuntamiento que preside en apoyo de Rivas.

En declaraciones a Europa Press, el abogado del padre, Adolfo Alonso, explicó que tomó la decisión de iniciar «los estudios necesarios» para impulsar acciones legales contra Noel López y «las personas del consistorio que, directa o indirectamente, estén participando en estos acontecimientos que vienen sucediendo desde que se decretase la ejecución de la sentencia» para la entrega de los menores a Arcuri, residente en Italia.

«Es de justicia que los tribunales investiguen cómo se ha producido la actuación del ayuntamiento y si la misma está de acuerdo con la legalidad», o bien se puede haber incurrido en supuesta prevaricación, explicó el letrado a raíz de las concentraciones convocadas en Granada y otros puntos de la geografía española en solidaridad con la madre de Maracena. La querella se haría extensiva a la asesora legal del Centro Municipal de la Mujer y de Juana Rivas, Francisca Granados, por el posible delito de intrusismo profesional.

Solidaridad desde Galicia por «poner sus hijos a salvo»

Colectivos feministas de Galicia se concentraron ayer ante los juzgados de Vigo y A Coruña (en la imagen), para mostrar su apoyo a Juana Rivas, que permanece desaparecida con sus dos hijos menores para evitar entregarlos a su progenitor, condenado en su día por maltrato. «Juana, muy valiente, protege a sus hijos, les pone a salvo», señaló en Vigo Luisa Ocampo, portavoz de las concentradas, que portaban pancartas, al igual que en A Coruña, donde se podía leer «Juana somos todas», «Cando a inxustiza é lei, a desobediencia é deber» y «Fóra o machismo das institucións», entre otros lemas de apoyo a la madre andaluza. 

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