La Asamblea Nacional francesa acaba de aprobar la ley de moralización pública de Emmanuel Macron después de cuatro días de debate de alta tensión. El texto de ley no fue el centro de las discusiones en la Cámara, si no el procedimiento de las sesiones. Con una entrada masiva de diputados de En Marcha (LRM) procedentes del sector privado con poca o ninguna experiencia política, los retrasos y errores se multiplicaron a lo largo de los días. La oposición, que ocupa 263 de los 577 escaños, no estuvo falta de palabras para describir un debate entre «catastrófico» y «dramático». «Lo nunca visto», comentó un veterano derechista a Le Monde.

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Carlos G. Reigosa

El momento de mayor tensión fue durante la noche del jueves. Llegadas las once, el Movimiento Democrático solicitó la impugnación de un voto, mientras los radicales de izquierda de La Francia Insumisa se quejaban de la actitud del presidente de sesión, el macronista Hugues Renson. Poco después de que la ministra de Justicia se negase a un recuento de los votos, Jean-Luc Mélenchon y su grupo salieron airados del hemiciclo. «Sinceramente estoy harto, ¿os molestamos? Muy bien, pues resolvedlo entre vosotros», soltó el líder insumiso. Para los diputados de En Marcha, las interrupciones de la oposición forman parte de una estrategia para desestabilizar su posición. «Nuestra autoridad se pone constantemente en cuestión, intentan hundirnos con el único objetivo de desacreditarnos», se quejó el vicepresidente del grupo, Pacôme Rupin.

Con el viernes llegó el cuarto día de debate y tan solo un tercio de las enmiendas al proyecto de ley había sido leído en la Asamblea. Para evitar mayor retrasos, los ánimos se calmaron en la Cámara, hasta que la propuesta de eliminar el fondo de reserva parlamentario volvió a caldear el ambiente. Durante cinco horas, los diputados de LRM defendieron la supresión de este presupuesto de 150 millones de euros que se divide entre los miembros del parlamento para repartir indiscriminadamente en sus circunscripciones, algo que cada año alimenta las sospechas de clientelismo.

Tanto la extrema derecha como la derecha tradicional se opusieron ferozmente a la propuesta, alegando que «es una forma de dar ayudas donde no las hay», como explicó Gilbert Collard, del Frente Nacional. Finalmente, la supresión fue aprobada, al igual que todo un paquete anticorrupción para evitar los escándalos que ensuciaron la campaña presidencial. Además de prohibir la contratación de familiares, la ley promulga una pena de inelegilibilidad en caso de crimen y falta de integridad para todas las elecciones y la creación de «registros públicos» para verificar que los diputados no estén en una situación de conflicto de intereses a la hora de un voto.

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