El papel de los Mossos d’Esquadra en el referendo que la Generalitat pretende celebrar el 1 de octubre va camino de convertirse en uno de los protagonistas principales en el cruce de declaraciones entre el Gobierno central y el catalán, especialmente desde la dimisión del anterior responsable del cuerpo, Albert Batlle, quien siempre defendió la obligación de obedecer los mandatos judiciales.

El nuevo consejero de Interior catalán, el independentista Joaquim Forn, aseguró el domingo que la policía autonómica no impedirá el desarrollo de la consulta secesionista aunque reciba la orden de un juez de hacerlo. Según sostuvo Forn, los Mossos solo están sujetos a «la legalidad que emana del Parlament catalán». «No solo no llegaremos a impedir el referendo, sino que será todo lo contrario: facilitaremos su participación», avanzó.

Juan Ignacio Zoido respondió ayer de forma contundente. El ministro del Interior afirmó que no contempla que los Mossos «no cumplan con las exigencias de la ley». A renglón seguido, Zoido recordó que las fuerzas de seguridad tienen el deber de hacer cumplir la legalidad a aquellos que se la saltan. Aprovechó para desmentir además que el Gobierno central haya ordenado enviar refuerzos de la Guardia Civil a Cataluña por la consulta.

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