El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha condenado a España a pagar una multa de 3 millones de euros por los retrasos acumulados en la liberalización del sector de la estiba. En una sentencia hecha pública esta mañana, el alto tribunal constata que las autoridades españolas «no adoptaron las medidas necesarias para ejecutar la sentencia del 11 de diciembre del 2014», en la que se advertía del incumplimiento de la legislación europea en materia de libertad de establecimiento desde que Bruselas lanzó las primeras señales de alarma allá por el año 2009. A pesar de las advertencias, España permitió durante los 29 meses posteriores a la sentencia que se siguiesen imponiendo restricciones a la actividad de empresas foráneas en los puertos del territorio nacional. A los operadores extranjeros se les exigió participar en el capital de las denominadas Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP) y contratar «un mínimo» obligatorio y «con carácter prioritario» de trabajadores patrocinados por las mismas sociedades como condición previa para poder operar en las terminales de carga y descarga.

Esta práctica extendida a todos los puertos españoles -y otros europeos-, fue castigada con multas de 27.522 euros por cada día que España siguió incumpliendo la ley desde la sentencia del 2014. La factura fue creciendo ante la inoperancia del Gobierno español, incapaz de llegar a un acuerdo con el sector para adaptar la legislación nacional.

La paciencia de la Comisión Europea llegó a su límite en el 2016 cuando recurrió de nuevo a la justicia europea para exigir sanciones más duras contra España por ignorar la sentencia y persistir en «un incumplimiento grave» de las directivas europeas. Bruselas propuso elevar los 27.522 euros diarios a 134.122. De pronto le entraron las prisas al Ejecutivo español que no fue capaz de parar la cuenta atrás hasta el 12 de mayo del 2017. Tras meses de tensiones, acusaciones y amenazas de huelga por parte del sector, Bruselas dio el visto bueno a la propuesta del Gobierno español para ejecutar la reforma de la estiba, impulsada por la batuta del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

La multa acumulada a esas alturas alcanzaba ya los 24 millones de euros y la puerta a una segunda sanción, mucho más contundente seguía abierta. El TJUE se ha encargado hoy de cerrarla al dictaminar que España ya ha acometido los cambios necesarios para cumplir con las normas para la liberalización de la estiba y que «ha demostrado buena fe» cooperando de forma estrecha con el Ejecutivo comunitario que «desistió» en su demanda de incrementar el volumen de la multa y recomendó al tribunal imponer una sanción «a tanto alzado» que se ha traducido en una reducción sustancial y arbitraria de la multa. Los 3 millones de euros que deberán abonar los contribuyentes españoles irán a parar a las arcas de la UE.

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