Manuel Cobo ha presentado su renuncia como presidente de la nueva Oficina del Cargo Popular del PP, el órgano interno que creó el partido para prevenir y vigilar la corrupción, por «razones personales».

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, quien ha explicado que Cobo está pasando por un «momento complicado» y que, aunque ha intentado seguir en su puesto, «no es posible».

Maíllo, que ha dicho que se nombrará a un sustituto próximamente, ha trasladado todo el afecto y el cariño del partido a Cobo, del que ha dicho que es «una de las personas más queridas» en el PP y se ha mostrado seguro de que pronto «se va a reincorporar a esta oficina».

Cobo fue nombrado por el Comité Ejecutivo Nacional del PP el pasado 22 de mayo como presidente de la nueva Oficina del Cargo Popular, el órgano interno del partido para prevenir y perseguir la corrupción y que se encargará de vigilar la conducta de sus dirigentes y abrir investigaciones, llegado el caso.

Junto a Cobo, fueron nombrados otros dos miembros del partido para la Oficina del Cargo Popular: Andrés Ayala y Beatriz Rodríguez Salmones.

Cuando fue nombrado, Manuel Cobo no tenía ningún otro cargo en el partido, que le convenció para que asumiera esta responsabilidad, pero un problema de salud ha llevado a los médicos que le atienden a aconsejarle que baje el ritmo de trabajo, según fuentes populares.

Comisión de investigación

El secretario general del grupo parlamentario popular, José Antonio Bermúdez de Castro, ha defendido hoy que la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP solo se remonte hasta 2015, año en el que se creó el tipo penal de financiación ilegal de partidos.

El pasado viernes, el PP presentó un escrito en el Congreso en el que pedía la paralización de los trabajos de la comisión hasta que se concreten los hechos que son objeto de la investigación y sobre todo su ámbito temporal que, entiende, debe contemplar solamente la actual legislatura.

En declaraciones en el Congreso, Bermúdez de Castro ha recordado que el enunciado de la comisión aprobado en el pleno es de «financiación ilegal del PP» y ese delito, el de financiación ilegal, se creó en 2015, por lo que, a su juicio, no se debe investigar desde antes.

Para el diputado del PP, el Congreso no está para hacer juicios «paralelos» o para interferir en las resoluciones judiciales y por eso ha pedido un informe a los servicios jurídicos de la Cámara para que delimiten cuál debe ser el ámbito temporal de la comisión.

«No somos un jurado popular que debe establecer responsabilidades penales», ha alertado Bermúdez de Castro, que considera que intentar buscar responsabilidades que no sean políticas es entrar en la «esfera de los tribunales».

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