Los ayuntamientos españoles exigen al Gobierno que los compense por la pérdida de ingresos generada por la anulación del pago de la plusvalía en los casos en los que la venta de propiedades inmuebles se cierra por menos del importe de compra. Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, advirtió ayer que los alcaldes estiman que el impuesto de plusvalía, corregido por el Tribunal Constitucional para los casos en los que no se generen ganancias en la venta, es un tributo «mal diseñado por el legislativo, cuyas consecuencias no tienen por qué soportar las haciendas locales, y nos lo tienen que resarcir al cien por cien».

El regidor vigués anunció en nombre de la junta de gobierno de la FEMP que los alcaldes ofrecen dos opciones al Ejecutivo para salvar «el vacío legal y la inseguridad creada»: reformar el impuesto, creando un índice de valores por zonas en España que refleje anualmente sus fluctuaciones de mercado, o fijar la base imponible en función de la diferencia entre compra y venta. Si el resultado fuese negativo, el importe del tributo sería igual a cero.

Independientemente de la fórmula elegida para solventar el conflicto creado, el representante de la Administración local española instó al Gobierno a reformar la concepción del impuesto de plusvalía «con la máxima urgencia, incluso antes de que termine el mes de junio».

El Constitucional considera que la carga fiscal sobre las plusvalías municipales vulnera el principio de capacidad económica, dado que no se vincula a la existencia de un incremento real del valor del bien, «sino a la mera titularidad del terreno durante un período de tiempo» computable entre uno y 20 años. En el 2016 los ayuntamientos ingresaron con dicho impuesto 2.000 millones de euros, 41 de ellos en Galicia.

---

---

---