Si el calendario y el horizonte no eran suficientemente complicados para la UE y el Reino Unido, la justicia europea puso ayer su granito de arena a la aventura en la que se convertirá la salida de los británicos de la Unión. No solo tendrán que hacer las maletas y marcharse antes de que se cumplan los dos años desde la firma del divorcio sino que deberán darse prisa si quieren dejar encarrilado un eventual acuerdo comercial con la UE en tiempo récord y bajo condiciones espartanas. 

¿Qué condiciones impone el Tribunal de la UE?

Tomando como ejemplo el acuerdo de libre comercio con Singapur, la justicia europea dictaminó ayer que cualquier pacto pos brexit deberá pasar previamente por la lupa de hasta 38 parlamentos nacionales y regionales antes de entrar en vigor siempre que incluya disposiciones sobre inversiones extranjeras o sobre arbitrajes privados para dirimir disputas entre inversores y Estados,  áreas de negociación que «no son competencia exclusiva de la Unión». En ese caso, ningún acuerdo podrá ser válido «sin la participación de los Estados miembro», reza la resolución.

¿Cómo puede afectar a las negociaciones con los británicos?

El veredicto solo tendría efectos prácticos sobre la firma de un eventual acuerdo comercial con el Reino Unido, no sobre la negociación previa de salida. La UE ha dejado claro que el brexit se hará por fases y no quiere hablar de la futura relación hasta que el Gobierno británico aclare si pagará sus facturas pendientes y si garantizará la seguridad y los derechos de los ciudadanos europeos en el Reino Unido. Pero una vez se aclare el horizonte arrancará el tortuoso proceso que puede dar al traste con todas las esperanzas que la premier Theresa May había depositado en un acuerdo de libre comercio con la UE. Bastaría con que un parlamento lo bloquease, algo nada improbable si se tiene en cuenta el complejo puzzle de intereses nacionales que hay en juego y la dificultad de cuadrarlos sin que ninguno se sienta agraviado. Para poder esquivar esa senda laberíntica de parlamentos, tanto Bruselas como Londres podrían acabar negociando un acuerdo menos ambicioso que no se adentre en arenas movedizas.

¿Cómo va a reaccionar Bruselas?

El portavoz de la Comisión, Margaritis Schinas, aclaró ayer que «Juncker ya preveía este resultado» y garantizó que su equipo analizará «de forma escrupulosa la decisión» que arrebata competencias exclusivas al Ejecutivo comunitario y otorga la última palabra a los Estados.  Por el momento el calendario negociador seguirá sin cambios. Fuentes de la institución creen que es pronto para predecir qué tipo de relación tendrán la UE y el Reino Unido y si la opinión del tribunal tendrá relevancia en ello. En cualquier caso, el grueso de la presión política recae sobre May que se puede ver a medio plazo fuera de la Unión y sin un salvavidas comercial que evite el hundimiento de su economía, altamente dependiente de la UE.

Bruselas anuncia sanciones a Hungría y Polonia por no acoger refugiados

«Hemos llegado a una situación límite. Se nos agota la paciencia». Así de frustrado se mostró ayer ante la Eurocámara el comisario de Migración, Dimitris Avramopoulos, ante la negativa de algunos miembros a reubicar refugiados procedentes de Italia y Grecia. El griego puso nombres por primera vez a la lista de la vergüenza, la de los países que no han abierto las puertas a un solo asilado: Hungría y Polonia. Quedan poco más de cuatro meses para que expire el acuerdo de reparto por cuotas y sus autoridades siguen haciendo caso omiso. Bruselas lanzó ayer un ultimátum: «Hemos agotado todos los instrumentos a nuestro alcance. Esperamos 12 meses a que respondiesen. Tienen un mes para cumplir. Si no lo hacen, abriremos procedimiento de infracción», anunció.

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