La oposición venezolana anunció un proceso de rebelión ante la convocatoria a una asamblea constituyente comunal por parte de Nicolás Maduro y comenzó ayer muy temprano, con centenares de trancones viales en todo el país, que fueron repelidos con más gases lacrimógenas, perdigonazos, e incluso, denunciaron dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática, con canicas de plomo, potencialmente mortales, contra los manifestantes.

La Asamblea Nacional tuvo que diferir su sesión ordinaria, en la que iba a discutir las decisiones que iba a tomar ante lo que ya ha sido calificado como un nuevo golpe de Estado del mandatario venezolano, por la presencia de grupos irregulares que amedrentaron, lanzaron piedras, lacrimógenas y botellas, contra los parlamentarios, en lo que representará un incremento de la crispación política en el país sudamericano. Un recuento extraoficial de la oposición cifró en más de 30 los heridos por la represión de la Guardia Nacional y en al menos 50 los detenidos, después de que el presidente del Parlamento, Julio Borges, solicitara a los ciudadanos que cerrarán las vías principales más cercanas a sus hogares.

La oposición ha anunciado para hoy una nueva manifestación contra el Gobierno, cuando se cumplirá exactamente un mes desde el inicio de las protestas por la decisión del Tribunal Supremo que eliminaba las atribuciones a la Asamblea Nacional.

Las principales ciudades de Venezuela, como Caracas, Maracaibo y Valencia, amanecieron semiparalizadas por los trancones, y muy pronto, también asfixiadas por gases lacrimógenos. En Valencia se registró un incendio parcial en la Defensoría del Pueblo, que fue atribuido por el director de ese organismo, Tarek Saab, a la oposición; en Naguanagua, un suburbio de esa ciudad, a unos 130 kilómetros al oeste de Caracas, se registraron al menos dos saqueos de comercios.

El Gobierno respondió con la prohibición de portar cualquier tipo de armas en la calle por los próximos 180 días, para «garantizar la paz, el orden público y la estabilidad», señaló el ministro del Interior, Néstor Reverol.

La situación de inestabilidad ha disparado la preocupación de la comunidad internacional. Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro, de tratar de «cambiar las reglas del juego» para asegurarse el poder y advirtió de que podría estudiar nuevas sanciones a funcionarios venezolanos a raíz de ese «paso atrás» en Venezuela. El subsecretario adjunto de Estado de EE.UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Fitzpatrick. dijo que «Maduro sabe que su control del poder se le está escabullendo y quiere manipular las cosas, reescribir las reglas para asegurarse el acceso al poder, privilegios y protecciones para él y sus compinches», añadió Fitzpatrick

Brasil y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, no dudaron en calificar los acontecimientos en Venezueña como «un golpe de estado. En la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en San Salvador, la ausencia de 7 de los 33 países miembros impidió la adopción de una declaración sobre la crisis venezolana.

Misterio sobre quiénes podrán votar a los constituyentes

Hay pocos datos sobre el proceso que planea Maduro y los plazos que maneja el Gobierno para imponer su reforma. Ayer se supo que el ministro de Educación, Elías Jaua, dirigirá la comisión presidencial para «debatir, consultar, proponer y escuchar en cada estrato de la sociedad las bases del sistema de elección de los constituyentes». El presidente venezolano invitó a líderes opositores a reunirse con él para explicarles las claves del nuevo proceso. La oposición lo rechazó de inmediato

Para tal constituyente, Maduro pretende elegir a 250 asambleístas mediante «voto directo» (no universal ni secreto) entre los «consejos comunales y las comunas» (figuras que tampoco tienen rango constitucional) y otros 250, estos sí, mediante voto universal, directo y secreto, pero «en circuitos municipales».

Es decir, los primeros 250 responden directamente a él, pues los Consejos Comunales responden a la presidencia de la República, y desde su creación, no se ha permitido la formación de consejos comunales en zonas opositoras. La iniciativa de Nicolás Maduro ha sido comparada rápidamente con los soviets de 1922, y con la «constituyente corporativa» de Benito Mussolini en los años 30 del siglo pasado.

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