El rectorado de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) ha suspendido hoy la actividad docente a los dos catedráticos implicados en la elaboración de un producto supuestamente curativo del cáncer, ha informado la institución universitaria en un comunicado.

La policía informó ayer de que los dos investigadores fueron detenidos y acusados de estafa por vender como remedio contra el cáncer un fármaco que no posee autorización y que les habría proporcionado cerca de 600.000 euros.

La decisión de la universidad tiene un carácter cautelar inicial, señala la UIB, que afirma que esos hechos «no pueden poner en cuestión el prestigio investigador» de este centro, que ocupa un lugar «puntero» entre las universidades españolas en cuanto a productividad investigadora según el último U-Ranking.

Tampoco se puede cuestionar, asegura el rectorado, el buen trabajo de los casi 700 investigadores que desarrollan su labor en los diversos departamentos e institutos universitarios de investigación que integran la UIB, ni del personal de administración y servicios que los apoyan.

Dos catedráticos de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) y tres de sus colaboradores fueron detenidos la pasada semana y acusados de estafa por vender como remedio contra el cáncer un fármaco sin homologar por el que habrían ingresado unos 600.000 euros a través de una fundación sin ánimo de lucro.

La Policía Nacional ha informado de que los dos profesores de Biología Celular, socios en la empresa Lipopharma, fueron interrogados y puestos en libertad con cargos a la espera de declarar ante el juez de instrucción 9 de Palma, que se ha hecho cargo de la investigación.

Los detenidos están imputados por suministrar a enfermos de cáncer una medicina que tienen patentada con el nombre de Minerval y que está en fase de estudio clínico, por lo que su comercialización es fraudulenta al carecer del permiso preceptivo de la Agencia Española del Medicamento.

La Policía ha recabado testimonios según los cuales algunos familiares de pacientes oncológicos habrían llegado a pagar hasta 25.600 euros por un fármaco cuyos efectos anticancerígenos no están comprobados, para lo que los detenidos se amparaban en una fundación de fomento de la investigación a la que los perceptores del tratamiento hacían «donaciones».

Los investigadores policiales afirman que el medicamento no solo se fabricaba en laboratorios de la UIB, sino que algunos enfermos acudían a recoger sus dosis al campus de Palma, desde donde se distribuía también a otros lugares de España.

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