Para el Ministerio de Fomento es incomprensible que todavía no esté resuelta la liberalización de la estiba. Por un lado, el real decreto ley que el Gobierno aprobó el pasado viernes permitirá eludir las cuantiosas multas con las que amenaza Bruselas si lo ratifica el Congreso. Y, por otro, el martes, en el marco del acuerdo entre patronal y sindicatos de abrir un proceso formal y continuado de negociaciones, Anesco suscribió su compromiso «con la continuidad en el empleo de los actuales trabajadores portuarios», algo que, a juicio de Íñigo de la Serna, despeja «muchísimas dudas, si no todas, sobre el mantenimiento de los puestos de trabajo». Por tanto, «¿cuál es el motivo para no poder hacer las dos cosas: acatar la sentencia aprobando el real decreto ley y garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo?», argumentó el responsable de Fomento.

El problema está en que allí donde el ministro escucha a los empresarios «decir alto y claro que se sientan para garantizar el mantenimiento de los empleos», los sindicatos no oyen más que un brindis al sol. «Los compromisos son aquellos que se pueden exigir ante la autoridad judicial» y lo que ha puesto Anesco encima de la mesa es «un Powerpoint en el que se recoge eso», expone Ernesto Gómez, negociador por parte de CC. OO. Admite asimismo que ese compromiso figura en el acta que, firmada por el mediador, Marcos Peña, abre el proceso formal de negociación. Claro que en ese mismo documento también se recoge el compromiso de «gestionar en el futuro los excedentes, si los hubiera, a través de los procedimientos legales previstos y los mecanismos de subrogación que en su caso se convenga».

Toda una declaración de intenciones que queda muy lejos de lo que el martes esperaban los sindicatos: que la patronal trajese las cifras de sus necesidades de mano de obra puerto a puerto. Y no cumplió. Ni siquiera trajo las de algunas terminales que ya había cuantificado, como que en Barcelona sobraban 62 y en Tenerife, 81.

Seguirán, eso sí, en el proceso de negociación inspirado esos dos principios y un tercero que también quedó expreso, como es «garantizar la competitividad de las empresas negociando las medidas organizativas que las favorezcan». Mientras, trabajan para que el real decreto no encuentre respaldo el próximo 9 de marzo. Así que la huelga está cantada. La única forma de evitarla, según Gómez, es borrar del BOE del 25 de febrero ese decreto con el que De la Serna entró «cual elefante en una cacharrería».

El PSOE no apoya el texto de De la Serna pero conmina a desconvocar la huelga

De la Serna trata de convencer a los grupos políticos de que den su respaldo al decreto para evitar una multa «que todos los españoles pagarán de su bolsillo». Pero, de momento, no las tiene todas consigo. Ningún grupo, aparte del PP, ha comprometido su apoyo. Más bien al contrario. El PSOE, que garantizaría mayoría al grupo que sostiene el Gobierno, mantiene su voto en contra, pero al mismo tiempo pide a los estibadores que desconvoquen la huelga. Y aún están por escuchar las palabras de la comisaria Violeta Bulc, que podrían servir para fijar posiciones.

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