Alepo es una trampa de cemento y escombros para miles de familias. Al menos una de entre todas ellas solicitó hace meses protección humanitaria a las autoridades belgas, quienes denegaron el auxilio a pesar de la evidente situación de peligro que corren los habitantes de esa urbe. Una decisión que enmendó la Justicia. Los tribunales obligaron el pasado 20 de octubre a Bélgica a conceder el visado al matrimonio y sus dos hijos de 5 y 8 años. A día de hoy siguen esperando a que el país les abra las puertas. ¿Por qué? Su secretario de Estado de Asilo, Theo Francken, se niega a acatar la sentencia con argumentos tan cínicos como inhumanos. El nacionalista flamenco de la N-VA asegura que no es la Justicia la que tiene que gestionar el asilo y que la concesión de visado puede sentar un precedente.

Además reprocha a la familia, para sonrojo de sus colegas de la coalición de Gobierno, el no haber huido al Líbano si sus vidas corrían serio peligro. La obscena y surrealista situación ha llegado a tal punto que la Justicia ha impuesto una multa de 4.000 euros por cada día que Francken se niegue a ejecutar la sentencia que le obliga a prestar protección a la familia. La indignación y el clima de hostilidad pública hacia Francken derivó esta semana en un intento de agresión al nacionalista, quien también tuvo que digerir el plantón que le dio el líder de la región valona, Paul Magnette. El socialista se negó a recibirlo en señal de protesta por su actitud cruel y reaccionaria. La crítica situación en la que se encuentra la familia demandante también fue tema de discusión en el Parlamento belga que, al igual que la UE, siempre va varios pasos por detrás de la catástrofe que se vive en Alepo. 

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