El acuerdo de gobierno del PNV y el PSE contempla que se debatan el derecho a decidir y el reconocimiento del País Vasco como nación en el seno de la ponencia de autogobierno de la Cámara vasca, que tendrá como objetivo reformar el Estatuto de autonomía de 1979. El borrador deberá estar listo en un plazo estimado de ocho meses. El texto consensuado será tramitado por el Parlamento vasco, pasará al Congreso de los Diputados y finalmente sometido a referendo. Se hará, según dice el texto del acuerdo, «respetando el ordenamiento jurídico». Es decir, no habrá desafío a la legalidad, como en Cataluña.

Los dos partidos se dan libertad para defender sus respectivos modelos en la ponencia, en la que se abordarán todas las propuestas relativas al autogobierno que planteen los grupos parlamentarios, entre las que se mencionan expresamente el «reconocimiento de Euskadi como nación» y el «reconocimiento del derecho a decidir y su ejercicio pactado en un marco de negociación y acuerdo dentro del ordenamiento jurídico vigente en cada momento». 

Respeto a la legalidad

La secretaria general del PSE, Idoia Mendia, defendió ayer el pacto «frente al diálogo de sordos en el que está Cataluña, frente a los que buscan la desconexión y frente a los que solo pretenden la humillación de los nacionalistas». El PSE admite que el País Vasco es una nación, pero entendida en un sentido cultural, histórico o lingüístico, no como un Estado con soberanía propia. Asimismo, rechazan el derecho a decidir, que también apoyan EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Es decir, una clara mayoría parlamentaria. En todo caso, avalan que los nacionalistas lo defiendan en la Cámara vasca.

La ponencia también tratará de la «reforma de la Constitución para ampliar las potencialidades del autogobierno vasco y blindar nuestro ámbito competencial», la «identificación clara de competencias exclusivas de Euskadi», las «relaciones interterritoriales con la comunidad foral de Navarra y con la futura institución única que aglutinará a los territorios vascos radicados en el Estado francés» o el establecimiento de un «sistema concertado de garantías que impida la modificación unilateral del nuevo pacto político alcanzado».

Ambas formaciones valoran «positivamente» lo que el Estatuto vasco ha supuesto «y sigue suponiendo» como «instrumento de vertebración de la convivencia democrática en Euskadi y como fuente de bienestar para la ciudadanía», pero coinciden en que deben articularse, de forma «urgente e inaplazable», mecanismos institucionales más eficaces para «la defensa del autogobierno vasco» ante el «fuerte impulso recentralizador» del Estado. Y también para «hacer efectivo el cumplimiento íntegro» del actual Estatuto, culminando el proceso de transferencia de competencias. PNV y PSE abogan por un «final ordenado de la violencia», que supondrá apoyar un calendario de desarme definitivo que incluya una declaración de ETA y el acercamiento de presos

Íñigo Urkullu, que ganó claramente las elecciones, ha preferido pactar con un partido constitucionalista de ámbito estatal, separándose de los independentistas de EH Bildu, que fue la segunda fuerza más votada. El PSE dirigirá tres carteras de contenido social: Vivienda, Turismo y Trabajo. 

Buena fórmula

La gestora del PSOE analizará «con atención las cuestiones vinculadas a la planta territorial del Estado» recogidas en este acuerdo, según advirtió su portavoz, Mario Jiménez, quien señaló que el pacto le parece, en principio, una «buena fórmula» y que es una «buena noticia» para el País Vasco y para España. Jiménez aseguró que la dirección interina del partido sí estaba informada de las negociaciones, aunque no conociera los aspectos concretos.

Explicó que Idoia Mendia estuvo en contacto con el presidente de la gestora, Javier Fernández, para contarle cómo iban las negociaciones. De este modo, respondía al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, que había afirmado que «no debe de ser un acuerdo muy de enseñar» si la gestora no lo conoce.

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