España consigue regatear a la UE por octavo año consecutivo y no verá suspendidos sus fondos estructurales. A pesar de haber incumplido de nuevo el déficit, Bruselas está decidida a ondear la bandera blanca y ofrecer otra tregua al Gobierno de Mariano Rajoy, que ya esquivó una multa el pasado mes de julio. «Las autoridades españolas han tomado medidas para considerar que se han adoptado acciones efectivas en el 2016 [...]. Habría sido masoquista hacer hoy una propuesta para suspender los fondos y acto seguido levantarla», aseguró este miércoles el comisario de Economía, Pierre Moscovici. 

La Comisión Europea tuvo que tirar de malabarismos jurídicos para justificar una decisión que contradice al reglamento. La propuesta de suspender las ayudas por valor de entre 800 y 1.200 millones de euros debía ser automática al constatar la ausencia de medidas para corregir la desviación fiscal. El vicepresidente de la institución, Valdis Dombrovskis, se aferró a dos argumentos para salvar la credibilidad y reputación de la guardiana de los tratados: que el plan de ajuste adicional para el cierre del 2016 es satisfactorio y que ya consultaron con la Eurocámara la posible congelación de las ayudas, tal y como exige el procedimiento. «El dictamen del Parlamento Europeo fue muy claro, no apoyaba la suspensión de los fondos, algo que debemos tener en cuenta [...]. Es una buena noticia para España», indicó el otrora defensor de la ortodoxia presupuestaria. El procedimiento por déficit excesivo se paraliza, pero el país seguirá bajo el brazo correctivo del Pacto de Estabilidad, lo que supone una vigilancia estrecha y constante de la UE.  

Esta última muestra de flexibilidad por parte de la institución que preside Jean Claude Juncker coincide con un momento crítico para la zona euro. La baja inflación y el estrecho margen de crecimiento económico han obligado a Bruselas a virar su política económica hacia una mayor expansión del gasto para evitar el estancamiento. Algunos halcones del euro que hace solo un año pedían mano dura con los socios incumplidores, como España y Portugal, hoy se parapetan tras ellos para pedir a Bruselas clemencia. «Finlandia ha solicitado flexibilidad presupuestaria», anunció ayer Moscovici. El país escandinavo capitula vencido por las malas perspectivas de crecimiento. 

Curvas en el 2017

España elude la guillotina, pero sigue en el patíbulo. La Comisión Europea volvió a recordar ayer al Gobierno de Mariano Rajoy que el plan presupuestario que enviaron en octubre no sirve para alcanzar el objetivo de déficit del 3,1 % en el 2017. Según sus cálculos, España no bajará del 3,8 %, siete décimas por encima de lo pactado. Con esas cifras en la mano, el Ejecutivo español deberá incluir en el nuevo presupuesto que está cocinando ajustes (vía ingresos o recortes de gasto) de hasta 7.700 millones de euros para cumplir con el objetivo de déficit nominal o 5.500 millones de euros en términos de esfuerzo estructural. De no hacerlo, Bruselas podría plantear de nuevo la posibilidad de imponer una multa de hasta el 0,5 % del PIB a España. La UE da algunas pistas para pasar la tijera y apunta también a una revisión al alza del IVA reducido. 

Otro frente abierto es el de los desequilibrios macroeconómicos. La Comisión Europea ha vuelto a lanzar señales de alarma por los niveles excesivos de deuda pública (99,8 %), deuda privada (154 %), desempleo (19,7 %) y su posición de inversión neta exterior (-89,9 % del PIB).

Bruselas pide a la eurozona un estímulo público de 50.000 millones de euros

«La situación es paradójica: Aquellos que no tienen espacio fiscal quieren usarlo y los que lo tienen no quieren emplearlo». Lo reconoce abiertamente la Comisión Europea, preocupada por la enorme fragmentación de la zona euro. Elude apuntar directamente a un claro responsable: Alemania. En los últimos seis años sus socios del sur se afanaron en ajustar los déficits a base de recortes extenuantes. Berlín observó desde la barrera eludiendo de forma sistemática las llamadas de atención de la Comisión para que hiciese uso de su «excesivo» superávit comercial con el fin de impulsar la demanda y el crecimiento. Una política de ahorro extremo por la que nunca le han sancionado a pesar de provocar serios desequilibrios en una eurozona encorsetada

«El esfuerzo entre países debe repartirse [...] y la política monetaria no puede asumir toda la carga de la estabilización macroeconómica», advierte Bruselas. La magia del BCE toca techo y Estados como Alemania y los Países Bajos deben dar un paso hacia adelante ahora que la posición fiscal de la zona euro por primera vez es positiva. La Comisión asegura que no tiene herramientas para obligarlos a expandir el gasto e insta al Eurogrupo a que debata el próximo 5 de diciembre la posibilidad de aumentar en el 2017 las inversiones un 0,5 % del PIB en el conjunto del bloque (unos 50.000 millones). El esfuerzo no debería bajar del 0,3 %, según sus cálculos y de acuerdo a los presupuestos presentados; la eurozona se quedaría en el 0,1 %, una propuesta «no lo suficientemente ambiciosa» para los planes del equipo de Juncker. El luxemburgués anticipó en septiembre un giro de las políticas económicas en la UE que no acaba de materializarse por las enormes reticencias de algunos socios ante el calendario electoral en el 2017.

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