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Decenas de miles de personas respaldan en Barcelona a los líderes soberanistas investigados por la justicia

Europa Press

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La marcha se ha celebrado sin incidentes. Participaron en ella Artur Mas, los exconsellers encausados por el 9N y la presidenta del Parlament Carme Forcadell

14 nov 2016 . Actualizado a las 07:40 h.

Unas 80.000 personas -según cifras del Ayuntamiento de Barcelona- han llenado este domingo a mediodía la avenida Maria Cristina convocadas por AMI, ANC y Òmnium Cultural, en defensa de los cargos electos e instituciones catalanas con más de 400 procedimientos judiciales vinculados al proceso independentista, y también en defensa de leyes suspendidas por la justicia.

Han acudido el expresidente del Govern Artur Mas y los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs (PDECAT) -encausados por el 9N-; y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, junto a la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montse Venturós y el concejal de Vic (Barcelona) Joan Coma -ambos investigados-, entre muchos otros cargos afectados y dirigentes políticos.

Ha contado también con la presencia del vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa; el eurodiputado de ERC-Més Ernest Maragall; los diputados Toni Castellà (JxSí), Albert Botran (CUP), Lluís Rabell y Marta Ribas (SíQueEsPot), junto a la expresidenta del Parlament Núria de Gispert (Demòcrates).

Casi todos consellers del Govern han acudido al acto, junto a otros cargos como la alcaldesa de Badalona (Barcelona), Dolors Sabater y su equipo de gobierno; el alcalde de Sabadell, Juli Fernández (ERC); los coordinadores del PDECAT Marta Pascal y David Bonvehí, además del senador de ERC Santi Vidal.

El acto ha empezado con la enumeración de las normas aprobadas en el Parlament e impugnadas o anuladas judicialmente, como la de emergencia habitacional contra los desahucios y la resolución sobre el inicio del proceso a favor de la soberanía.

También han mencionado a los políticos catalanes investigados, y han hecho un llamamiento al amparo del derecho internacional -como el derecho a la libertad de opinión y a la autodeterminación- para orientar las «decisiones democráticas» de Cataluña.