«Se está haciendo justicia para todos» aseguró la representante en Argentina de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Adriana Fernández, al confirmar que la jueza federal María Servini de Cubría, que desde el 2010 se ocupa en Argentina de los crímenes del franquismo, aceptó investigar la desaparición del poeta granadino Federico García Lorca, cuando se cumplen ochenta años de su muerte.

El pasado 7 de abril, Adriana Fernández, nieta de un asesinado por la dictadura franquista y querellante en la causa, presentó junto a los abogados Ana Messuti y Máximo Castex un escrito para que la Justicia argentina contribuya a esclarecer el crimen del poeta basándose en un escrito policial de 1965, conocido el año pasado. En él se calificaba García Lorca como «socialista», «masón» y se lo acusaba de «prácticas de homosexualismo». Es la primera denuncia que se hace para analizar esa documentación que probaría su asesinato. Fernández celebró que se avance en el caso porque «es fundamental que se pueda llevar adelante la investigación sobre una causa concreta».

Para la representante de ARMH en Argentina, «esta decisión es muy importante para todos» y es «un logro a nivel mundial» porque «Lorca era un emblema hasta para la comunidad homosexual». Adriana Fernández valoró muy positivamente el trabajo realizado por la jueza. «Se ha movido bastante, ha viajado, ha tomado declaración por videoconferencia y ha librado exhortos que permitieron la primera exhumación por orden judicial. La de Timoteo Mendieta», dijo. 

Los últimos días

Según se recoge en la denuncia, en el lapso de pocos días se practicaron dos registros en su domicilio, a raíz de lo cual Lorca se refugió en casa de sus amigos los hermanos Rosales Camacho (antiguos falangistas), donde permaneció hasta su detención, que el documento sitúa entre los últimos días de julio y los primeros de agosto de 1936.

Con una orden de arresto del Gobierno Civil, un grupo formado por diputados y jefes falangistas locales se dirigieron al domicilio de los Rosales Camacho, acompañado por uno de los hermanos, que debía franquearles el accesos. Una vez efectuada la detención, se condujo a García Lorca a los calabozos del Gobierno Civil. Días después, salió en un coche junto a otro arrestado a las inmediaciones de Fuente Grande donde «fue pasado por las armas».

La jueza argentina Servini lleva tiempo investigando los crímenes del franquismo. Solicitó tomar declaración a 19 ex altos cargos del régimen, entre ellos Martín Villa, petición que no tramitó el Ministerio de Justicia.

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