Cobrar al día los trabajos realizados por un abogado de oficio es una quimera en España. Los letrados que desarrollan este servicio gratuito para el ciudadano, financiado por el Ministerio de Justicia en las comunidades que no tienen transferida esta competencia, se enfrentaban a una media de hasta 120 días para recibir sus honorarios. Eso hasta que llegó el 2016. Ocho meses después de iniciado el año, los abogados de oficio no han percibido todavía ni un solo euro por su trabajo.

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Esta denuncia fue confirmada por el propio titular de Justicia, Rafael Catalá, vía Twitter, en donde reconoce este retraso sin precedentes, que justifica por problemas administrativos que no especifica el ministro en funciones. Sí lamenta lo sucedido y se compromete a que a lo largo de lo que queda de semana se pagaran parte de las cantidades pendientes, pero solo las facturadas durante los tres primeros meses del año.

La Constitución recoge en su artículo 119 el derecho a la Justicia gratuita, y los abogados de oficio son una pieza esencial del engranaje. El pago de los servicios prestados suele realizarse de forma trimestral. Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares, Murcia, Ceuta y Melilla son las regiones dependientes del Gobierno. En el resto de comunidades son los Gobierno autónomos los encargados de efectuar los abonos a los abogados de oficio, al tener las competencias transferidas. En el primero de los casos, el ministerio de Catalá es el encargado de entregar el dinero al Consejo General de la Abogacía, que a su vez lo reparte entre los colegios autonómicos, los que finalmente abonan a los letrados las cantidades adeudadas en función de los casos abordados y las guardias realizadas.

Con los Presupuestos del 2016 aprobados, el departamento de Catalá dispone teóricamente de los 34 millones de euros que están reservados para la justicia gratuita. Estos fondos se utilizan, en parte, para pagar a los abogados de oficio, que de media cobran unos 800 euros trimestrales por los servicios que prestan, según datos estimados.

Noventa euros por guardia

Los profesionales del derecho siempre se han quejado de lo mal remunerado que está este servicio público. Se paga poco y la exigencia es alta. Cobran 90 euros por guardias de 24 horas y deben abonar los gastos de transporte, independientemente de los kilómetros que realicen. Además de los escasos honorarios que reciben los abogados del turno de oficio, su cobro es trimestral en el mejor de los casos, siempre que no se produzcan situaciones como la actual y las dilaciones se conviertan en un hecho difícilmente justificable.

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