Occidente ya no oculta la estupefacción generalizada que le produce la purga que está llevando a cabo el Gobierno turco. La rapidez con la que Erdogan promueve la limpieza exprés de opositores levanta sospechas a un lado y otro del Atlántico. En Europa se extiende el clamor para exigirle que no restaure la pena de muerte, una decisión que puede dinamitar el proceso de adhesión de Turquía a la UE. Los jefes de la diplomacia europea y norteamericana hicieron ayer un llamamiento desde Bruselas para que Ankara frene la escalada de venganza contra los conspiradores.

«Fuimos los primeros en defender la necesidad de proteger las instituciones legítimas contra el golpe de Estado, pero esto no es una excusa para apartar al país de los derechos fundamentales y de la ley», manifestó la responsable de la UE, Federica Mogherini. Su homólogo estadounidense, John Kerry, instó al Gobierno de Ankara a «mantener el más alto respeto a las instituciones democráticas de la nación». «Apoyaremos que se lleve a los perpetradores del golpe ante la Justicia, pero no que se vaya más allá de eso», añadió.  

Lo cierto es que Occidente asiste inquieto al cambio de rumbo que está adoptando Turquía, cada vez más escorada hacia el autoritarismo de Erdogan, quien no ha desaprovechado la ocasión para concentrar más poder en sus manos. El ministro de Exteriores francés, Jean-Marc Ayrault, se mostró ayer alarmado por esta deriva antidemocrática y advirtió de que el castigo a los insurrectos «no puede incluir medidas que deriven en un Estado autoritario». El portavoz del Gobierno alemán arremetió contra Erdogan por las escenas «indignantes e inaceptables de arbitrariedad y venganza» hacia los soldados sublevados y el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, habló con Erdogan para exigirle que «garantice el total respeto por la democracia y sus instituciones, el orden constitucional, el Estado de derecho y las libertades fundamentales».

Pena capital

¿Qué pasará con Turquía si Erdogan decide instaurar de nuevo la pena de muerte? La UE dejó ayer claro que el proceso de adhesión del país a la Unión volará por los aires. «Ningún país puede ser miembro de la UE si instaura la pena de muerte», zanjó Mogherini. A su advertencia se sumó la canciller Angela Merkel, quien trasladó el mensaje por teléfono al propio Erdogan: «De ninguna manera será compatible», le espetó. 

Los ministros de Exteriores clamaron contra la medida. «Es una forma cruel e inhumana de castigo», aseguró el titular austríaco de Exteriores, Sebastian Kurz. ¿Afectaría al acuerdo migratorio que firmaron la UE y Turquía en marzo? Aquí no hay consenso. El ministro alemán de Exteriores, Frank Steinmeier, descartó esa posibilidad: «Nos interesa a las dos partes». Pero su homólogo español, García Margallo, lo contrarió: «El acuerdo tiene una contrapartida que es la liberalización de visados turcos que está condicionada al respeto de unos valores europeos». 

La sorpresa la daba ayer el comisario de Vecindad, Johannes Hahn. El austríaco extendió un manto de duda sobre los sucesos del viernes, alimentando la teoría del autogolpe. «Que haya habido listas (de sospechosos) inmediatamente después de los hechos apunta a que ya estaban preparadas y se usaron llegado el momento», aseguró antes de lamentar la detención de jueces: «Esto era exactamente lo que nos temíamos». «Es algo que plantea serias dudas», admitió. 

EE.UU. no extraditará por el momento al clérigo Fethhullah Güllen, al que Erdogan acusa de orquestar el golpe y de crear un Estado paralelo. Kerry se escudó en que todavía no han recibido una solicitud de Turquía.

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