El asesinato el pasado día 6 de Lesbia Yaneth Urquía, una activista ambiental e indígena en Honduras «se añade a la terrible lista de defensores de los derechos humanos que han sido asesinados recientemente en Honduras». El entrecomillado pertenece a una portavoz de la alta representante de la UE para la política exterior, Federica Mogherini y supone una nueva llamada de atención al agujero negro en el que se ha convertido el país centroamericano para los activistas y que ya mereció una visita de un representante especial de la Unión Europea.

Lesbia tenía 48 años y era una destacada militante del Copinh (Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), el mismo colectivo que presidía Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo poco después de haber recibido el premio ambiental Goldman, uno de los más importantes reconocimientos mundiales en la lucha por la naturaleza. ¿Qué defendían estas activistas? Básicamente la anulación de una serie de proyectos hidroeléctricos que, según la organización en la que militaban, iban a ser muy lesivos para las comunidades indígenas.

La lucha de ambas activistas ha acabado de la peor manera posible. Cáceres fue asesinada a tiros y Lesbia Yaneth, a machetazos. El Copinh ha responsabilidado directamente al Estado hondureño. Y la UE también mostró su desazón con la actitud oficial frente a la ya larga lista de asesinatos: «Las autoridades hondureñas deberían dar rápidamente más pasos urgentes y decisivos para proteger a los defensores de los derechos humanos en el país».

Aparte de estas dos dirigentes ecologistas asesinadas, en los últimos tiempos han sido también asesinados en Honduras el periodista y activista medioambiental Henry Roberto Reyes, el líder indígena Nelson García y el dirigente de la comunidad LGBTI, René Martínez.

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