El Gobierno venezolano «liberó» por un día a 300 presos de las cárceles aledañas a Caracas para que protestaran porque supuestamente hay 1.300 firmas de reclusos pidiendo el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. La ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, acudió a la Fiscalía General de la República acompañada de los reclusos y aseguró que ya se han encontrado 81 firmas de presos entre los convocantes de la primera etapa del revocatorio, mientras los reos gritaban «fraude, fraude».

Varela, cuestionada por sus cercanas relaciones con presos influyentes y por los recurrentes motines en las cárceles, instó al CNE a cruzar los datos de los firmantes con los de los más de 50.000 internos.

Es la tercera demanda que el Gobierno introduce esta semana contra el proceso que el lunes entra en la fase de ratificación de firmas. Las dos primeras fueron interpuestas por Jorge Rodríguez, uno de los principales portavoces del Gobierno, y la segunda por un abogado identificado como Luis Rodríguez. Todas siguen el mismo argumento: que la MUD cometió un «fraude» que llevó a la invalidación de 600.000 de los casi 2 millones de firmas presentadas. A juicio del abogado constitucionalista José Vicente Haro, estas dos demandas tienen pocas posibilidades de avanzar, porque el Consejo Electoral ya las excluyó y no pueden ser objeto de demanda.

Uno de los convocantes de la manifestación de reos, el diputado Darío Vivas, declaró que «no estamos hablando de firmas excluidas, son firmas que están en el padrón, validadas, para engordar el fraude».

El activista Humberto Prado, del Observatorio Venezolano de Prisiones, pidió a la Asamblea Nacional que investigue cómo se saca a presos de las cárceles para que manifiesten.

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