La oposición entregó al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, una solicitud para que el Consejo Permanente evalúe si Nicolás Maduro ha roto el hilo constitucional de Venezuela al solicitar un estado de excepción y, si lo ha hecho, le aplique la Carta Democrática Interamericana.

La solicitud puede desembocar, si es aprobada por dos tercios (22 de 34) de los Estados miembros, en la expulsión de la institución. El parlamentario Luis Florido, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, declaró que «no se busca alejar a Venezuela del sistema interamericano». Sabedor de que es muy difícil reunir los votos necesarios para ello, lo que pretende es «generar presión para que con su mediación pueda encontrar el país una salida a su crisis», agregó.

Florido entregó a Almagro un documento por el que la Asamblea Nacional insta a actuar ante «la crisis institucional y humanitaria que vive Venezuela». El secretario de la OEA debe presentar a finales de este mes un informe de situación en el que decidirá si convoca al Consejo Permanente, algo que se da por descontado, dado que un informe preliminar es muy crítico con el Gobierno venezolano. La carta enviada el martes a Maduro, en la que le pide que no se convierta en un «dictadorzuelo» y permita la convocatoria del referendo revocatorio apunta en este mismo sentido.

El secretario de Exteriores del Vaticano, Paul Richard Gallagher, canceló -«por motivos que no dependen de la Santa Sede», según la Diócesis de San Cristóbal- su viaje a Venezuela previsto la próxima semana para una ordenación episcopal. La oposición venezolana esperaba su llegada para pedirle que mediara ante el Consejo Electoral para la realización del referendo.

Amenazas de cárcel

Maduro amenazó con encarcelar a los líderes opositores que participaron en las protestas del miércoles, y citó expresamente a Henrique Capriles y al presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup. Los acusa de los actos de violencia que generados durante las protestas, que el Gobierno contuvo con miles de policías, el cierre de 14 estaciones de metro y el bloqueo de las principales avenidas de Caracas.

Tanto Capriles como Ramos han anunciado que en los próximos días la oposición se continuará manifestando, pese a que Maduro evalúa emitir un nuevo decreto, este de conmoción interior, que supondría un paso más en la restricción de las libertades.

En la capital, las protestas dejaron siete detenidos, a los que se suman 25 en la ciudad oriental de Puerto La Cruz, y al menos cuatro en Mérida. A los caraqueños arrestados los espera, según señaló el ministro del Interior, Gustavo González López, la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), una de las cárceles más tétricas.

Maniobras «sin precedentes»

El Gobierno, tras decretar el estado de excepción rechazado el martes por la Asamblea, anunció, en el marco de una postura crecientemente dura, para viernes y sábado, unas maniobras militares «sin precedentes», como las calificó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, invocando una supuesta «amenaza extranjera». En los ejercicios participarán además de militares en activo, miembros de las milicias y del partido gobernante.

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