Caride defiende la agencia de protección de la legalidad urbanística porque resta presión a los alcaldes en las decisiones que afectan a las construcciones irregulares de sus vecinos
La ley recomienda renovar los registros cada diez años, pero no obliga a los ayuntamientos Aunque supone un descenso de los ingresos por IBI, también abarata las expropiaciones
