El expediente tiene su origen en una denuncia de la Asociación de Empresarios de Pompas Fúnebres de Pontevedra contra la UTE y el Ayuntamiento de Valga.
Según las organizaciones agrarias a la habitual fragilidad de los precios en la comunidad se une ahora un nuevo incremento de los costes de producción, consecuencia de la sequía.
Aseguran que de aprobarse en Bruselasla directiva que obliga a realizar contratos, en España no habría tiempo para sacar adelante la legislación acorde, al disolverse las Cortes.