El gobierno local encaja la sentencia del Tribunal Superior de Galicia sin forzar interpretaciones favorables Todo. Aunque la sentencia del Tribunal Superior de Galicia que anula la subida de las tasas de recogida de basuras del 2000 se limita a exigir al Concello de Ourense que devuelva los ingresos «indebidamente recaudados», sin cuantificar las cantidades, el gobierno municipal ha optado por la interpretación más rigurosa de la resolución judicial. Se devolverá todo, sin discutir qué parte del aumento de tarifas estaba efectivamente justificado y qué porcentaje iba destinado a otros fines, al margen de la propia naturaleza de la tasa, cuyo objetivo no puede ser sino la financiación del servicio para el cual se cobra.
El Tribunal Superior de Galicia anula el acuerdo de la corporación que aumentó esta contribución un 40% en el ejercicio del año pasado Lo que un ayuntamiento cobra por recogida de basuras sólo puede destinarse a financiar ese servicio. Y como el Concello de Ourense pretendía dedicar parte de esos ingresos a sufragar otras inversiones, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado la subida decidida por el gobierno local a finales de 1999. Ordena, además, lo que va a ser más complicado para la administración local, que inicie los trámites para devolver de oficio a los contribuyentes el dinero «indebidamente recaudado». Las arcas municipales perderán, si las cifras de la sentencia son correctas, 130 millones. Cada particular recuperará 2.175 pesetas.
La Guardia Civil reafirma que el suceso se originó por una indisposición del conductor del autocar La reconstrucción del accidente de Brués, que el 10 de abril de 2001 ocasionó la muerte de cuatro viajeros y el conductor de un autobús, ha confirmado las tesis iniciales sobre la influencia del factor humano. Un informe del Área de Investigación de Accidentes, realizado por los servicios centrales de la Guardia Civil de Tráfico con sede en Mérida, que incluye la reconstrucción virtual del siniestro con el apoyo de programas informáticos, ha ratificado la hipótesis lanzada en el primer dictamen.
La sala ordena seguir la instrucción y considera «apresurada» la primera decisión de archivar la querella La existencia de «irregularidades administrativas» en la respuesta del Concello a las denuncias de un particular son motivo suficiente para que la Justicia las aclare y compruebe «la posible presencia de un ilícito penal». Sin más. La Audiencia de Ourense, en contra del archivo decidido en un juzgado de instrucción, ha ordenado continuar las diligencias correspondientes a una querella por prevaricación contra el alcalde de Ourense y reclamar al Concello los expedientes que dan origen al procedimiento.
La Guardia Civil descarta el fallo mecánico y el «sabotaje» al autocar que se cayó de un puente el 10 de abril causando cinco muertos El accidente de tráfico que el pasado 10 de abril costó la vida a cinco personas y heridas a otras siete, al despeñarse por un desnivel un autobús de pasajeros, se produjo a causa de una enfermedad o indisposición súbita del conductor. A lo largo de más de doscientos folios, el informe técnico documentado y aportado por la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción número 2 de O Carballiño descarta expresamente cualquier otra posibilidad, desde el fallo mecánico y la implicación de cualquier otro vehículo hasta un hipotético «sabotaje», sobre el cual se llegó a especular, debido a los conflictos laborales registrados en la empresa.
El afectado es insolvente, pero al contar con antecedentes no pudo conseguir la suspensión de la pena La situación de prisión que sufre Celso C.P., el vecino de Castrelo do Val que desde el lunes se encuentra en el centro penitenciario de Pereiro por una sucesión de incumplimientos con la Justicia, desencadenado por el impago de una multa de 6.000 pesetas, podrá acabar tan pronto como quede saldada esa deuda. La falta de medios económicos por parte de este hombre de 47 años ha llevado a alguno de sus convecinos de Gondulfes a interesarse por el caso en el Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense, con el fin de abrir una colecta popular que permita liquidar una deuda con la Justicia que asciende a 72.000 pesetas.
Una sucesión de circunstancias lleva a prisión a un conductor sorprendido sin seguro en un control Una primera condena de un mes de multa a razón de 200 pesetas diarias, encadenada a una sucesión de incumplimientos, ha conducido a la cárcel a un vecino de Castrelo do Val, de 46 años. El impago de aquellas 6.000 pesetas, por una falta contra el orden público sentenciada en abril de 1998 por un juzgado de Verín, se fue enmarañando con el posterior descuido de los arrestos sustitutorios de fines de semana y acabó dando pie a una condena de un juzgado de lo Penal de Ourense por quebrantamiento de condena, es decir, por no haberse decidido el protagonista del suceso a ingresar en prisión los días comprometidos. El lunes fue detenido por la Guardia Civil y ya lleva dos días privado de libertad.